Fue una decisión unánime: el Senado aprobó una reforma al artículo 123 constitucional que garantiza un apoyo económico a los jóvenes e impulsa su capacitación para el trabajo. Con 112 votos a favor, el proyecto reunió la mayoría necesaria para su aprobación, por lo que fue enviado a los congresos estatales para sus efectos constitucionales.

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Esta modificación legal significa que el Estado tiene la obligación de otorgar un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes desempleados que tengan entre 18 y 29 años y que, además, no estén cursando ningún nivel de educación formal.

Este respaldo gubernamental, argumentó el Senado, tiene como propósito que esos jóvenes se capaciten laboralmente por un periodo de hasta un año en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.

Contra la delincuencia y la informalidad

El Senado mexicano sostuvo que este mecanismo legal “busca evitar que los jóvenes sean absorbidos por actividades informales o delictivas, puesto que, al proporcionar una alternativa productiva y capacitación en sectores estratégicos, el apoyo económico se convierte en un incentivo para que las juventudes accedan a oportunidades de empleo digno, lo que reducirá su vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia”.

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Es decir, subrayó el cuerpo legislativo, “que la medida también responde a una realidad social, en la que la falta de oportunidades productivas ha derivado en exclusión y precarización laboral de este sector de la población, por lo que la intervención del Estado, además de una obligación constitucional, es una necesidad impostergable para fortalecer la cohesión social y el desarrollo económico del país”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, dijo que el proyecto cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas, pues coinciden en que “es urgente que este sector tenga cimientos constitucionales para su desarrollo, y esta reforma institucionaliza el compromiso del Estado con la formación y empleabilidad de la juventud, y ofrece una alternativa tangible al reclutamiento del crimen organizado”.

Por su parte, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que la falta de oportunidades laborales “ha llevado a las y los jóvenes a incorporarse al trabajo informal en condiciones precarias, por lo que esta propuesta garantiza una política de apoyos económicos para que accedan a un empleo digno y así dar un paso hacia un país con mayores oportunidades”.