La consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita Bell López Vences, y la directora de México Evalúa, Mariana Campos, coincidieron en que la elección judicial concurrente con los comicios de 2027 presenta limitaciones operativas, técnicas y de diseño que requieren revisión. La consejera electoral advirtió que este esquema no generaría ahorros y que el costo podría alcanzar alrededor de 15 mil millones de pesos.

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Durante el foro sobre la reforma al sistema de justicia, encabezado por el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, López Vences explicó que la concurrencia electoral implica duplicar estructuras completas del proceso electoral.

Detalló que la capacitación del personal no puede unificarse debido a que los modelos de votación legislativo y judicial son distintos, lo que obliga a contar con equipos, materiales y logística separados.

A partir de ello, indicó que se requiere duplicar personal de capacitación y supervisión, así como espacios para resguardo de documentación electoral. Señaló que la operación incluye la impresión de boletas con medidas de seguridad, la instalación de casillas diferenciadas y la habilitación de bodegas específicas, además de limitaciones en capacidad de impresión y espacios. Añadió que también deben considerarse factores como el voto cruzado y la movilidad de funcionarios.

En su intervención, Mariana Campos señaló que la elección judicial previa dejó fallas que afectaron la certeza jurídica. Indicó que la siguiente elección definirá el marco de derechos, contratos y libertades, por lo que planteó la necesidad de un balance del proceso.

Explicó que el proceso anterior coincidió con otros comicios, lo que saturó la capacidad operativa del INE, dificultó el voto informado y expuso a candidaturas judiciales a dinámicas políticas. Propuso aplazar la elección judicial al menos a 2028 para ajustar el modelo, establecer reglas claras, mejorar la evaluación de aspirantes y fortalecer la organización electoral.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno señaló que la reforma implicó la remoción de 1,699 juzgadores federales y 5,000 locales, lo que modificó el sistema de justicia. Indicó que los cambios deben hacerse de manera gradual para garantizar perfiles adecuados.

Susana Camacho, de México Evalúa, afirmó que el proceso fue acelerado y rebasó a las autoridades, ya que la elección judicial implica miles de cargos, requiere reglas más claras, certificación y separación de elecciones políticas.

Desde la perspectiva ciudadana, Daniela Arias, del Laboratorio Electoral, señaló que la concurrencia genera dificultades para los votantes al enfrentar múltiples boletas y cargos poco conocidos, por lo que se requiere más información y claridad.

Jorge Sepúlveda García, de la Barra Mexicana de Abogados, destacó que el sistema enfrenta rezagos estructurales y la necesidad de fortalecer la preparación de juzgadores, métricas de desempeño y recursos.

Por su parte, Jorge Peñoñori Pantoja, del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que la concurrencia mezcla la lógica política con la judicial, afectando la independencia, equidad y certeza jurídica.

En entrevista, Javier Corral Jurado reiteró que el ahorro es limitado y que los costos se suman, además de que la organización, capacitación y operación de casillas separadas incrementan la complejidad.

Añadió que deben analizarse factores como el voto cruzado y los tiempos de organización, así como efectos en otros procesos como la implementación del nuevo modelo de justicia civil y familiar, donde se ha reportado pérdida de personal capacitado.

Finalmente, se informó que las conclusiones del foro serán integradas en un documento que se entregará a legisladores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Presidencia de la República.