El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente de la República.

La presidenta en turno de la mesa directiva, Dolores Padierna Luna, dijo que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México se declara la constitucionalidad de la reforma y se envía al Ejecutivo para su publicación.

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislatura de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución política. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales”, dijo la legisladora de Morena.

Los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México comunicaron la aprobación de esta reforma constitucional, por lo que estos 18 votos superan los requeridos por ley, que son 16.

La reforma al artículo 108 de la Carta Magna precisa que “durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.

Mientras que la reforma al artículo 111 constitucional, menciona que “para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

Al respecto, la diputada Aleida Alavez aseguró que la figura presidencial como monarca intocable se acabó, en congruencia con el combate a la corrupción que el presidente López Obrador ha impulsado desde el comienzo de su mandato.

Desde tribuna, la legisladora de Morena manifestó que el presidente de la República es un servidor público sujeto al escrutinio de la sociedad y en consecuencia puede ser investigado y, en su caso, procesado como cualquier ciudadano.

Para ello, se ampliaron a todos los delitos, los supuestos por los que el presidente puede ser acusado durante su mandato, para que ya no exista una protección insuperable.

“Las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen como propósito avanzar gradualmente en favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos y de quienes lo ostentan, para contribuir a desaparecer esa brecha existente entre inmunidad e impunidad”, detalló.