ANGÉLICA DE LA PEÑA
No es necesario que el Departamento de Estado de EU señale, en su informe anual, que en México se violentan los derechos humanos. Quienes vivimos en este país lo sabemos; vivimos todos los días el deterioro de la tranquilidad. Y la inseguridad e impunidad impera ya en todo el país. Nadie confía en las policías, el ejército o la guardia nacional. El crimen organizado goza de cabal salud.
Lo dicho en este Informe no es nuevo, reitera muchos señalamientos de informes pasados, y de informes de comités y de relatarías de organismos multilaterales. Desde varios sexenios atrás se exigió al gobierno una ley de atención a víctimas de delitos para reparar las consecuencias de la impunidad. No es nuevo que se diga hay ejecuciones extrajudiciales, basta recordar Tlatlaya como una muestra de ello; el crecimiento de personas desaparecidas se manera forzosa obligó a una ley nacional desde el sexenio pasado que no se aplica. Igual la creación del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de DH. Las mujeres asesinadas impunemente en Ciudad Juárez obligaron a crear el feminicidio como tipo penal. Hoy el feminicidio se perpetra en todo el país sin justicia para las víctimas. Había censura y control a medios de comunicación; cómo olvidar el golpe de estado al periódico Excélsior: pero hoy se hace escarnio contra periodistas todos los días desde las mañaneras, ¿cuándo sabremos quiénes llevaron a cabo realmente el intento de asesinato a Ciro Gómez Leyva?
En 2018 se prometió habría un cambio, sin embargo hoy estamos peor. Y este estado fallido tiene que ver con el desaire al proceso de instauración del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la reinserción social, la prevención social del delito, el uso legítimo de la fuerza pública; también con el no regreso de militares a los cuarteles y la falta de aplicación irrestricta de LA LEY. En su lugar se aplica la política de “Abrazos, no balazos”. Nada es casual: quitar presupuestos para profesionalizar corporaciones policiacas civiles en estados y municipios, y desaparecer la policía federal, tiene sus consecuencias.
El presidente ignora alevosamente que vivimos en una globalidad, ya no es como antes. México forma Parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y muchas naciones nos observan. La reacción maniquea del presidente contra este Informe es para evadir responsabilidad.
Imaginen su respuesta cuando desde el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de DH de NU se hagan recomendaciones sobre desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, tortura, trata, centros de privación de libertad, feminicidio, asesinatos a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, etc. etc.
¿Acaso dirá que las recomendaciones son un bodrio? ¿Sin sustento? ¿Calumniosas? ¿Son opiniones de los conservadores? ¿Se invade nuestra soberanía?, ¿un invento porque él tiene otros datos? Así como descalifica este informe, y a la OEA, también lo hace con otros organismos.
Seguramente mucha gente aplaude este nacionalismo ramplón y patriotero, en realidad sus grotescas mañaneras van dirigidas a esa gente que le aplaude como focas.
No obstante, no se puede ocultar que los desaciertos del gobierno son reales. Y molesta su falta de responsabilidad para asumir las consecuencias de su impericia y que derivan, por desgracia, en la ausencia de estabilidad, seguridad y paz. Urgen cambios reales.
Defensora de derechos humanos
