Finalmente y en una sesión de más de 23 horas de duración, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del mandato por dos años del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y varios magistrados del Consejo de la Judicatura de la Federación.

Pese a que varios diputados de Morena y prácticamente toda la oposición advirtió que este polémico artículo transitorio viola la Constitución y por lo tanto será desechado por la misma Corte, además de que lastima el sistema democrático, el dictamen fue avalado al filo de las 9:30 de este día.

Con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones, se avaló en lo particular y en sus términos el dictamen a la minuta y  se remitió al Ejecutivo federal para su publicación.

Con esta aprobación, se da luz verde a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y se reformaron diversas disposiciones de las leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Federal de Defensoría Pública, de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Luego de una larga intervención de Porfirio Muñoz Ledo, quien habló en contra del dictamen, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que entre derecho y justicia un revolucionario opta por la justicia.

Tras un intenso cabildeo para obtener los votos necesarios para aprobar esta propuesta y que logró por apenas 10 votos, luego de que el PES optó por votar en contra, insistió en que Morena seguirá actuando en función de los justo, reconociendo tácitamente que esta propuesta viola el derecho, como lo han dicho casi todos los juristas.

Durante el larguísimo debate, donde se presentaron más de 500 reservas y fueron rechazadas todas, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, externó su preocupación por el sistema de precedentes que se plantea, ya que es una arma política al servicio del poder en turno; el debate debe estar en la supremacía constitucional e independencia judicial; lejos de mejorar la impartición de justicia, se compromete la autonomía e independencia de los jueces: se pretende trasgredir la vida democrática y la división de poderes, y los perjudicados serán todos los ciudadanos.

La diputada Claudia Pastor Badilla consideró fundamental respetar la Constitución y dejar de vulnerarla, pues con el dictamen  está en riesgo la división de poderes, la jerarquía constitucional y la democracia. La Carta Magna, dijo, fija los principios sustanciales de la vida común y las reglas del ejercicio del Poder Público, y respetarla, es un mínimo común de homogeneidad política.