En torno al debate legislativo, político y estructural

JAVIER OLIVA

El resultado de la sesión del día jueves 22 en el pleno del Senado de la República, es una muestra indiscutible del momento por el que pasa no sólo la política de Seguridad Pública del país, o las características contemporáneas de las relaciones civiles militares, ni tampoco los alcances de la democracia en nuestro país.

Es, además de lo anterior y otras variables, que estamos ante una modificación y de fondo, en la naturaleza del pacto social, político y económico postrevolucionario que da origen al Estado mexicano.

De ese tamaño es la profundidad de lo que discute en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Seguridad Pública.

Por otra ruta, corren los intereses de los partidos políticos, de sus líderes (cuestionados), coordinadores parlamentarios, los procesos electorales de 2023
en los Estados de México y Coahuila, así como la misma sucesión presidencial.

En mal momento, estos y otros elementos de la coyuntura, se han impuesto al análisis profundo y sosegado de las implicaciones que han traído estas últimas
décadas y a un ritmo siempre creciente, la recurrencia del estamento civil hacia las Fuerzas Armadas, para su apoyo en diversas e importantes tareas.

Que van de la contención a las actividades de la delincuencia organizada –sobre todo en lo que corresponde al tráfico de drogas, así como para el apoyo a la población en situaciones de desastre.

En todos los casos, ha sido el poder civil quien ha solicitado la presencia militar, vía las órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para atender una problemática coyuntural que por diversas razones, las autoridades civiles, federales y locales, no pueden procesar.

Así, ante las crecientes capacidades corrosivas de la delincuencia común y organizada, las corporaciones policiacas locales, dan muestra de la crónica marginación presupuestal y administrativa mantenidas durante décadas. Su ruinosa situación, es la acumulación del centralismo, tanto a nivel estatal como federal.

Hoy son un muy escaso recurso para contener a la delincuencia en general.

La Guardia Nacional, aún podemos considerarla como una nueva institución –pues hizo su pase de entrada de revista el 30 de junio de 2019, ha comenzado a
desplegar su presencia por toda la geografía del país, atendiendo una larga lista, más de cincuenta, actividades delictivas. El reto desde luego, quedó plasmado en el ahora famoso artículo 5 transitorio de las reformas a la Constitución para su creación.

Con la sorpresiva propuesta de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, para la ampliación del período hasta
2028, originalmente contemplado para finalizar en 2024, es en sí mismo, el tema de fondo y por mucho, el más serio del acontecer nacional.

El Presidente de la República ya señaló, que pese a este primer rechazo en el Poder Legislativo a la propuesta de extensión del plazo para que las Fuerzas Armadas continúen en labores de apoyo a la Seguridad Pública y a la implantación de la Guardia Nacional, insistirá.

Veremos si con un poco más de tiempo, que es lo deseable, se sistematiza la argumentación y se logra un amplio consenso.
Ojalá.

javierolivaposda@gmail.com
@JOPso