El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, enfrenta nuevas órdenes de aprehensión emitidas por un juez federal por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con un operativo de seguridad efectuado en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

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La Fiscalía estatal confirmó la existencia de 16 mandamientos judiciales derivados de estos hechos, en los que también se señala a otros exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a un grupo de policías estatales que participaron en el despliegue.

El operativo ocurrió el 5 de abril de 2017 en medio de un conflicto social en la región, cuando fuerzas de seguridad irrumpieron en la comunidad, lo que derivó en la muerte de cuatro habitantes, además de denuncias por detenciones arbitrarias y actos de tortura contra pobladores.

De acuerdo con las investigaciones, las órdenes de captura se sustentan en la presunta participación de mandos superiores del gobierno estatal en la planeación y ejecución del operativo, lo que abrió la posibilidad de fincar responsabilidades penales más allá de los elementos operativos.

Durante años, familiares de las víctimas y organizaciones civiles mantuvieron la exigencia de justicia por lo ocurrido en Arantepacua, al señalar uso excesivo de la fuerza y violaciones graves a los derechos humanos, lo que mantuvo el caso activo en instancias locales y federales.

La Fiscalía General de la República había iniciado desde 2023 indagatorias contra Aureoles y varios de sus excolaboradores por otros posibles delitos, entre ellos peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta, relacionados con un presunto quebranto de tres mil 412 millones de pesos por la compra de cuarteles para la Guardia Civil.

En el ámbito judicial, en agosto de 2025 una jueza federal negó la suspensión definitiva que buscaba frenar órdenes de aprehensión en su contra, lo que dejó sin efectos una protección provisional que impedía su captura.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del exmandatario, quien no ha sido localizado, por lo que su situación jurídica se considera de prófugo mientras continúan las diligencias.

El proceso penal seguirá conforme a las etapas previstas en el sistema de justicia, mientras se determina el alcance de las responsabilidades y la posible vinculación a proceso de los implicados.