El Frente Amplio Democrático rechazó la propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que concentra más el poder en el partido dominante y no atiende el problema de la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales.

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En el foro Sí a la democracia y las libertades, juristas, especialistas electorales y exmilitantes de partidos políticos convocaron a un crear un frente ciudadano para proteger las instituciones y la pluralidad política.

La expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, advirtió que el rechazo de los aliados de Morena a la reforma constitucional es una victoria pírrica, pues ahora viene la modificación a leyes secundarias en las que no necesitan ni a sus aliados y podrían adueñarse de toda la estructura electoral para hacer lo que se les antoje.

Acotó que la reforma es regresiva y carece de técnica constitucional, además de haberse construido sin diagnósticos públicos ni procesos amplios de deliberación y criticó que durante meses el país conociera fragmentos de la propuesta a través de presentaciones preliminares, recordando que una reforma constitucional no se construye con presentaciones en PowerPoint.

Acotó que la prohibición del uso de recursos ilícitos ya existe en la Constitución, pero que el problema real ha sido la falta de decisiones firmes para aplicarla, pues si no se combate con determinación la intervención del crimen organizado en las campañas, afirmó, ninguna reforma electoral podrá blindar los procesos democráticos.

El exconsejero electoral Marco Antonio Baños sentenció que está en puerta la elección de tres consejeros electorales, que entrarían en funciones en abril y si Morena se apropia de esos lugares ya no habría ningún dique para que el Instituto Nacional Electoral esté totalmente a sus expensas.

Advirtió que una posible eliminación del servicio profesional del INE, a través de reformas a leyes secundarias, le abriría la puerta a que los chalecos guindas se apropiaran de la estructura electoral.

Baños Martínez subrayó que una reforma electoral seria debe contemplar la nulidad de las elecciones y el retiro del triunfo a aquellas candidaturas a las que se les acrediten vínculos con el crimen organizado, así como la pérdida del registro de los partidos políticos que reciban financiamiento ilícito o permitan la infiltración de recursos provenientes de la delincuencia organizada, con el fin de proteger la integridad de los procesos electorales y garantizar que el voto ciudadano no sea distorsionado por intereses criminales.

El Frente Amplio Democrático insistió en que la iniciativa presidencial representa una regresión democrática que abre la puerta al regreso de un partido de Estado, al debilitar a las autoridades electorales, reducir la pluralidad política y omitir deliberadamente el problema más grave de las elecciones en México, la intervención del crimen organizado y el uso de recursos ilícitos en campañas.

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El documento señala que la propuesta se aparta de los principios que garantizan la integridad de los procesos electorales y no enfrenta con seriedad el crecimiento de estructuras criminales que influyen en candidaturas, campañas y resultados electorales. Frente a ello, el Frente subrayó que los derechos ciudadanos no son negociables y que cualquier reforma electoral debe construirse mediante deliberación pública, diálogo institucional y amplios consensos democráticos.