ANGÉLICA DE LA PEÑA

Carmen Sánchez, sobreviviente de violencia feminicida con ácido, ha logrado después de 9 años, que su agresor sea condenado a 46 años de prisión. Esta es la primera condena por el delito de violencia feminicida con sustancias corrosivas. Una modalidad de violencia contra las mujeres que hasta hace poco no era un fenómeno delincuencial tan común como si lo es en países como la India o Bangladesh. México, si bien está por debajo de Colombia, en los últimos años ha habido un incremento cuyo origen tiene que ver con la impunidad y el pretexto de que no está configurado este delito de manera explícita en la ley penal y los perpetradores andan como si nada, mientras las víctimas padecen las heridas de la desfiguración provocada por las sustancias corrosivas, y el desdén de la justicia para justificar la inacción judicial.

En datos oficiales se mencionan 46 víctimas, entre las que se encuentran la propia Carmen, y María Elena Ríos, de Oaxaca, quien tampoco se ha dejado amedrentar. Es otra víctima que sigue esperando aprehendan a uno de los autores intelectuales de su caso.

Por eso Carmen Sánchez, después de sobrevivir hospitalizada 8 meses y más de 60 cirugías de reconstrucción de las heridas provocadas por el ácido que le aventó contra su cara y cuerpo el tipo que hoy ha recibido la sanción por haber perpetrado este delito, creó la Fundación que lleva su nombre con el objeto de acompañar a otras víctimas e impulsar reformas al marco jurídico que proteja de manera debida a las víctimas sobrevivientes.

La violencia contra las mujeres en razón de su sexo sigue siendo uno de los lastres que impiden a las mujeres su pleno desarrollo humano, su autonomía y las libertades que deben gozar simplemente porque somos humanas. Un impedimento estructural que impide concretar los derechos de las mujeres tiene que ver con el comportamiento predominantemente androcéntrico en las diversas sociedades. Por eso, frente a la exigencia de justicia, se sigue maltratando a las mujeres y siguen sufriendo marginalidad y discriminación estructural. Y cuando algunas mujeres se sobreponen a la opresión y a las dificultades de haber sido víctimas de violentadores que las castigan a partir del predominio que ejercen sobre ellas, debemos reconocerlas porque son ejemplo para otras; porque superaron las inercias, y se emanciparon del yugo machista.

Quizá muchas no eran feministas, y tampoco se vieron marchando un 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres. Pero hoy han puesto sus propios casos como evidencias del peligro que enfrentan en su exigencia de justicia y el estigma provocado por sus heridas.

Hoy, fundaciones como la de Carmen Sánchez, le dice a la sociedad que lo que ellas sufrieron es inaceptable, y que la exigencia de justicia está ligada al proceso de empoderamiento y el avance de la igualdad  sustantiva y efectiva en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y su entorno familiar y social.

Necesario desde la comunidad, y las políticas públicas, se eduque a los niños para que dejen atrás el machismo que les enseñan los adultos; que minimizar, cosificar y despreciar a las mujeres es incorrecto. Por eso junto con la justicia punitiva, se debe prevenir estos delitos, enseñando desde la educación pública, social y comunitaria, a niñas y niños y a sus familias, que las mujeres tenemos derecho a acceder a una vida libre de violencias.

Defensora de derechos humanos