Al considerar que carece de precisión metodológica y no refleja la situación actual del país, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
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La mandataria cuestionó el origen de los datos, al señalar que el estudio se basó en casos de Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit (2009-2017), cuyos resultados fueron proyectados hasta 2025 sin considerar cambios recientes.
Durante la conferencia matutina, sostuvo que esta extrapolación distorsiona el diagnóstico, al omitir transformaciones legales y operativas desde 2019, como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación con colectivos.
Argumentó que el informe no se ajusta a la definición internacional de desaparición forzada, que implica participación directa del Estado, y afirmó que en México el fenómeno está vinculado principalmente con la delincuencia organizada.
Sheinbaum reiteró su rechazo a considerar la desaparición forzada como una práctica institucional y subrayó que su política se enfoca en la búsqueda, localización y atención de víctimas.
La respuesta oficial incluyó la notificación de desacuerdo al comité y el anuncio de que las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación ampliarán la información sobre las acciones emprendidas.
El informe será remitido al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lo que abre un canal de interlocución internacional para revisar el diagnóstico.
El gobierno adelantó que mantendrá comunicación directa con la ONU, con el objetivo de explicar su rechazo y presentar evidencia sobre sus políticas públicas.
El posicionamiento ocurre en un contexto de presión de colectivos de familiares y observación internacional constante sobre el fenómeno de desapariciones en México.
La disputa no sólo es técnica, sino de interpretación del fenómeno, ya que el informe sugiere mayor gravedad internacional, mientras que el gobierno insiste en una visión centrada en el combate al crimen organizado.
