PATRICIA RAMIREZ

Foto: FB Consejería Jurídica CDMX

El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) del gobierno de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, aseguró que en la capital del país los casos de despojo se atienden en coordinación con instituciones de justicia, en particular, con la Fiscalía General de Justicia.

Ante los cuestionamientos de diputados, explicó que en este tipo de delitos existe la participación de miembros de las instituciones de justicia, y que se seguirá atendiendo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Ante los integrantes de Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario precisó que, en el tema de las afectaciones por el cartel inmobiliario, se ha apoyado a las víctimas en colaboración con las instituciones pertinentes, aunque existen condóminos que no han respondido al llamado para su regularización.

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Asimismo, Vargas Solano se comprometió a resolver y revisar el tema de los decretos supuestamente no publicados y aceptó asistir a los grupos de trabajo donde sea invitado. De igual forma aseguró conducir su trabajo en total acuerdo a los indicios presentados y a las investigaciones realizadas, y no en contra de alguna dependencia en específico.

Asimismo, enfatizó que se ha impulsado la mediación para resolver casos de violencia familiar; así como la negociación con los trabajadores involucrados en litigios en materia laboral, y resoluciones alternativas ante quejas ciudadanas contra notarios, para que sólo en caso de ser necesario se emitan las sanciones pertinentes.

Dijo también que se está trabajando para agilizar la realización de trámites mediante la actualización de protocolos, y que se realizan acciones para que las personas en tránsito por la capital obtengan documentos del registro civil mediante una plataforma federal. Refirió que la publicación de la norma es a través de la página de la CEJUR, y se busca que las dependencias mejoren la accesibilidad pública a sus reglamentos.

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Precisó que la autorización para el cambio de identidad de género es sólo de carácter administrativo, y se autoriza mediante un consejo, pero faltan las reformas adecuadas para que sea de carácter legal.

Explicó que se trabaja con instituciones y empresas para que las personas liberadas, principalmente mujeres, puedan lograr la reinserción social y laboral. Respecto al proyecto para la creación de un Instituto de la Defensoría Pública, señaló que está en manos del Congreso local, pero se siguen brindando asesorías jurídicas en beneficio de grupos prioritarios.