El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, porque afectaban en forma directa los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.

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Los ministros consideraron ilegal una fracción del artículo 4 de esa legislación en lo que se refiere al término. El Pleno de la Suprema Corte susceptibilidad de afectación como la posibilidad y la probabilidad de que las comunidades indígenas y afromexicanas sufrieran alteraciones negativas con motivo de una medida legislativa o administrativa.

Lo anterior, al considerar que esa afectación puede no ser solo negativa, sino que las consultas deben abarcar cualquier tipo de efecto en su situación.

Asimismo, se invalidó el artículo 8, el cual preveía que cuando una medida estatal implicara acciones emergentes de combate a epidemias o por desastres naturales, así como cuando se tratara de leyes fiscales, no procedería la consulta. Ello, al determinar que el derecho de consulta no puede limitarse de manera previa, de acuerdo con la materia sobre la cual verse la medida estatal.

La legislación invalidadas establecían los tipos de consulta que se podían desarrollar: para lograr un acuerdo; para obtener el consentimiento libre, previo e informado; y de opinión y construcción de propuestas. Esto, porque no resulta válido que el legislador defina de manera previa los tipos de consulta y menos de acuerdo con su finalidad, pues ello dejaría sin efecto el carácter flexible de la consulta.

Agregaron que estos artículos impedían que la consulta se desarrollara como un proceso flexible en el que, según la medida a consultar y su grado de impacto, pudieran las autoridades y grupos consultados determinar cuál sería su finalidad. •