URBANO BARRERA

Foto: Cortesía FGJCDMX

Investigadores de la fiscalía de justicia de la Ciudad de México detectaron tres edificios más vinculados con el denominado ‘Cartel Inmobiliario’ en la alcaldía Benito Juárez con lo que ya suman 42 inmuebles bajo investigación.

Además, al ampliar las indagatorias del organigrama delincuencial encontraron la participación de más servidores públicos y personas del ramo inmobiliario.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) Ulises Lara López, informó que por estos hechos se abrirán nuevas carpetas de investigación.

“Damos a conocer que en la medida en que avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación.

“Tan es así, que hemos descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y exfuncionarios de la alcaldía”, abundó.

El funcionario dijo que la investigación avanza progresivamente, gracias a que diversos elementos de gran valor han sido aportados a las indagatorias.

Esto ha sido posible a partir de la información recabada por los elementos de la Policía de Investigación, quienes lograron asegurar equipo de cómputo producto de las diligencias de cateo recientemente realizadas a un total de 42 inmuebles, posiblemente relacionados a dos ex servidores públicos en la misma demarcación, hoy investigados.

Destacó que el avance con el que cuenta la indagatoria también ha sido posible gracias a las denuncias y a la información que han proporcionado la gran cantidad de vecinas y vecinos que han sido afectados por las prácticas en las que probablemente incurrió este grupo de empresarios y ex servidores públicos de la alcaldía, todos de extracción panista.

Lara López añadió que se “han detectado que entre estos actores establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local. Actos que pueden dar pie al inicio de nuevas Carpetas de Investigación”.

A estas indagatorias se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los ex servidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento.

De igual forma, descubrimos que en estos inmuebles el común denominador es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos, tanto para ser construidos como para ser habitados.

Así lo hizo de conocimiento en su oportunidad la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), quien dirigió Recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las Delegaciones respecto a inmuebles ya construidos, agregó el funcionario.

En su informe, la PAOT asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción.

Entre los resolutivos se recomendó al entonces Jefe Delegacional iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de los inmuebles investigados, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra del Director Responsable de Obra y/o servidores públicos involucrados, sin que esto hubiese ocurrido hasta el momento.

Por ejemplo, en la calle de José María Ibarragán, San José Insurgentes, el programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro niveles.

Lo mismo ocurre en la calle de San Francisco, Actipan; se permite un máximo de cuatro niveles, pero cuenta con seis niveles de construcción.

Otro caso es el de la calle Capuchinas, en San José Insurgentes. Se le permite un máximo de tres niveles, pero hay edificaciones que cuentan con seis niveles de construcción.