Jueces preparan y trabajadores del poder Judicial un paro nacional

Advierten que si no hay cambios sustanciales en la iniciativa presidencial habrá acciones de resistencia



Cuartoscuro.com

Ante la cercanía de la dictaminación de la iniciativa de Reforma Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, jueces, magistrados y trabajadores del poder Judicial analizan las vías internacionales para impugnar la al parecer e inminente aprobación de esta propuesta, pero también avanzan en la preparación de un paro de labores a nivel nacional.

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Froylán Muñoz Alvarado, secretario de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), dio a conocer que ya trabajan en los recursos, que presentarán si es que en las instancias nacionales no son atendidas sus demandas y que podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al participar en el Foro Nacional Justicia Pronta y Expedita, Análisis y Propuestas de la Iniciativa de Reforma en Materia Judicial, detalló que, si el Congreso de la Unión aprueba en sus términos, sin cambios sustanciales, la iniciativa de reforma al poder Judicial, los juzgadores y trabajadores del ámbito judicial están listos para emprender un paro nacional y acciones de resistencia para defender sus derechos y los de la ciudadanía.

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“Solamente tenemos tres alternativas, si no tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional, debemos agotar recursos; la segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Pareciera que el paro nacional es inminente, porque es lo que se desarrolla en el ámbito político, en el ámbito político.

No es una circunstancia de discurso jurídico, porque son razones diferentes; y una tercera, que sería no solamente el paro, sino también la resistencia, el cómo mantener esto”, subrayó.

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Y es que este jueves, se realizará la última sesión de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial, organizados por la Cámara de Diputados, tras lo cual iniciará la próxima semana la elaboración del dictamen final, para que sea la siguiente Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, quien la apruebe en el pleno.