JAVIER OLIVA
Muchas más implicaciones tiene para Latinoamérica, de las que hasta ahora se han referido en los medios convencionales y digitales de comunicación. Para comenzar, la prolongada inestabilidad institucional y política en ese importante país sudamericano, data del año 2000, cuando Alberto Fujimori, luego de 10 años de ejercicio autoritario del poder, fue removido en medio de protestas y presiones por parte de las élites económicas y desde luego políticas.
De entonces a la fecha, la división de Poderes, base de toda democracia consolidada, se ha convertido en una confrontación o al menos, en un intento de anulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, tal y como ahora acaba de suceder. Al mismo tiempo, en el natural péndulo ideológico de la democracia representativa, las alternancia en los últimos años, e incluso meses, hemos sido testigos de la llegada a la presidencia de países que nunca habían tenido un mandatario con claras orientaciones ideológicas de izquierda progresista. Desde luego son los casos de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Xiomara Castro en Honduras. Hay que contabilizar, aunque en menor medida su identidad con posturas radicales, al reelecto Luis Inazio da Silva, en Brasil, que por un margen de menos del 2%, derrotó al aún Presidente Jair Bolsonaro.
En términos generales, junto con Luis Arce, Presidente de Bolivia, el ex presidente Pedro Castillo, se inscribía para la opinión pública y para los analistas, es esa amplia y difusa corriente ideológica. Pues en efecto, es un error suponer que en su conjunto los referidos mandatarios y otros más, caben o pueden ser homologados en sus posiciones. Justo lo acabamos de ver en el proceso para la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde de ninguna manera hubo una acción coordinada para apoyar al candidato de Brasil, que resultó ganador.
Hay que tomar en consideración que con poco más de 24 horas de diferencia, la Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue sentenciada a seis años de prisión y fue también fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Si bien por la posición que ocupa, no pueden hacerse efectivas las sanciones, lo cierto es que la imputación por corrupción y tráfico de influencias, sin duda que afecta el proyecto político del peronismo en el país. Coincidentemente, Pedro Castillo, fue acusado por la derecha mayoritaria en el parlamento, de los mismos delitos.
Cabe destacar el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como de su Comandante General, el General Walter Córdova Alemán, quien mantuvo un discreto pero sustancial papel, para que de manera insólita, la grave crisis política e institucional, se apaciguara en unas 6 o 7 horas. La nueva presidenta, Dina Boluarte, sin embargo, adolece de dos problemas al igual que su predecesor. No cuenta con experiencia política ni tiene grupo propio. La situación se le presenta a la mandataria, difícil, a la espera de poder construir a toda velocidad, acuerdos con los principales partidos políticos, incluyendo el suyo, Perú Libre, para poder cerrar ese largo ciclo de inestabilidad institucional en su país.
@JOPso
