La Ley Zaldívar, falta de respeto a la independencia del poder Judicial: Rojas

22, junio 2021

La reforma al poder Judicial, que incluyó un artículo transitorio para extender el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue duramente criticada por jueces y magistrados, quienes advirtieron que es un golpe a la independencia judicial.

El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, sentenció que esta modificación “es una consecuencia de toda la perversidad, falta de respeto al procedimiento legislativo, a la democracia, al principio de supremacía constitucional y ha puesto en jaque el poco prestigio que pudieran tener las instituciones en nuestro país”.

Al participar en el seminario Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia, organizado por la Cámara de Diputados, sentenció que la independencia judicial no es un privilegio de las y los juzgadores, sino la condición necesaria para que los derechos de protección judicial, tutela judicial efectiva y debido proceso, que se encuentran en distintos ordenamientos nacionales e internacionales, puedan tener plena efectividad, advirtió

Al participar en el seminario Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia, organizado por la Cámara de Diputados, advirtió que sin la independencia de las y los juzgadores será imposible garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección judicial. Comentó que dos temas ​que preocupan son los relacionados con recoger las facultades del pleno de la Corte dispersos en varios ordenamientos y el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte.

A su vez, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Marcia Laura Garza Robles, señaló que es vital entender, difundir y socializar por qué la importancia del Poder Judicial y por qué se debe tener un Poder Judicial autónomo e independiente que abone a dar certeza y estabilidad al Estado de derecho. La independencia judicial es una precondición de la administración de justicia, de ahí su relación con los derechos humanos.

Mencionó que el esquema de división de poderes que reconoce la Constitución exige un equilibrio, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendentes a evitar la consolidación de un poder capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias y una afectación al principio democrático a los derechos fundamentales o sus garantías. “Los Poderes de la Unión deben tener garantizada su autonomía en relación con los otros, sin que ello implique desconocer la relación de cooperación que pueda darse entre ellos”.

Hizo un llamado a replantear la importancia que reviste un Poder Judicial y cómo debe ser entendida su autonomía desde la división de poderes hacia las y los juzgadores con reglas previas que se respeten en cuanto a selección, nombramiento, duración en el cargo, remuneración y régimen de responsabilidad. La trascendencia de la reforma al Poder Judicial, dijo, impacta a todo México, por lo que se debe cuidar su autonomía e independencia.

Irma Caudillo Peña, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, resaltó que las y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos, así como el debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción.

Sostuvo que la autonomía y la independencia deben ser privilegiadas, arropadas y protegidas en toda su amplitud; ante ello es necesario que a las y los juzgadores se les dote de protección en cuanto a la defensa por una posible sanción que puede ser de hasta la destitución e inhabilitación.

Admitió que la reforma tiende a hacer más ágil ciertos mecanismos de tutela judicial efectiva, pero en otros temas las reformas se quedaron cortas, aunque consideró que las y los diputados pueden presentar una nueva iniciativa para enriquecerla.

Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, magistrada del noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló que la reforma judicial debe incorporar los estándares internacionales que se han emitido en documentos de la ONU, ya que visualizan la necesidad de que las sociedades se vayan adecuando a las exigencias que no estaban previstas, pero que modifican el entorno y contexto social en el que se imparte justicia.

Precisó que esta reforma debe ir avanzando conjuntamente con la independencia judicial a nivel de justicia local, toda vez que hay poco personal y recursos. Llamó a garantizar la paridad de género en el Poder Judicial y que no quede solamente en el papel.

Expuso que es importante el empoderamiento de las asociaciones de juzgadoras y juzgadores, pues “tenemos un papel fundamental en la construcción y preservación de la democracia, por ello necesitamos recursos legales, materiales y estructurales que nos permitan seguir construyendo la paz social”.