La violencia política contra las mujeres

ANGÉLICA DE LA PEÑA

Qué paradoja! A pesar de que se ha legislado como nunca, para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, los datos estadísticos evidencian han crecido las cifras de todas las modalidades de violencia. El marco legal para prevenirlas falla.

En los congresos, con la mayor presencia de Legisladoras, se ha reformado e impulsado legislación para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; incluso se ha reafirmado no se puede invocar usos y costumbres para conculcar derechos de las mujeres indígenas. Más sin embargo, crecen las cifras de feminicidio y de cada 10 mujeres, 7 han sufrido algún tipo de violencia.

Y cuando compiten por un encargo público, enfrentan amenazas para desanimarlas a no participar o para hacerlas renunciar. Las injurias, insultos denigrantes y/o advertencias aparecen de la noche a la mañana en bardas, redes, medios de comunicación que las reproducen sin tapujos, la mayoría son anónimas; pero otras no, como vimos contra la próxima Gobernadora de Aguascalientes. El objetivo es cuestionarles presencia política; u obligarlas a desistir de su derecho a competir por un encargo público, al congreso, gubernatura, o ámbito municipal.

En el tercer orden de gobierno, es donde más escarnios se tienen documentados. Casos emblemáticos como el de Rosa Pérez en Chenalhó, Chiapas; Ruperta Nicolás Hilario en Iliatenco, Guerrero; o Carmen Carreño de Atlautla, Estado de México, son ejemplo de entereza al denunciar ante la autoridad electoral. Las regidoras y síndicas también son maltratadas para obligarlas a renunciar o a firmar lo que le plazca al presidente municipal.

Preocupan las zonas indígenas porque es una verdadera hazaña lograr la emancipación de las formas consuetudinarias que imponen a las mujeres y es difícil concreten su proyecto de vida. La violencia política contra las mujeres se perpetra contra ellas, porque son mujeres, y es sistémica, estructural, y tiene en el machismo y la misoginia, la expresión más cruenta.

De esto se habló en el Foro “Testimonios sobre el Ejercicio de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres”, organizado en San Cristobal de las Casas por la Magistrada de la Sala Superior del TEPJF Mónica Aralí Soto Fregoso. Varias Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros de los Oples, y colectivos como REPARE y 50mas1 entre otros, participaron haciendo algo importante: escuchar a las mujeres de carne y hueso, con historias de agravios, de frustraciones, de anhelos de poder cumplir con su encomienda, pero los obstáculos son difíciles de remontar. Eso evidenciaron.

Reclamaron de qué sirve que avancemos en la paridad en todo, en legislar para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, perfeccionar el precepto de la violencia política contra las mujeres, si sólo sirve para, inexorablemente, cada caso termine judicializado. Las mujeres han aprendido a trabajar juntas, a veces sin conocerse, de partidos distintos, pero eso es insuficiente. El problema es más complejo. Es una especie de esclavitud que las quiere alineadas, para disimular una paridad que no lo es, porque parece que estamos a años luz, de que hombres y mujeres nos reconozcamos como pares. En la realidad ellos no quieren cambiar.

Las autoridades en los tres órdenes, deben trabajar juntas para erradicar el machismo que sigue haciendo de las suyas: debe ser un asunto de Estado.