Javier Oliva
El ciclo de golpes de Estado, comienza en 1964 en Brasil así como las dictaduras militares en la región, las que terminarán terminaran hacia los inicios de la década de los años 1990.
Por supuesto, nuestro país es una de las contadas excepciones, que incluso será casa de cientos de perseguidos y refugiados políticos, que debieron abandonar sus países ante la inminencia de ser asesinados y asesinadas.
De allí, que cuando se hacen o expresan análisis respecto de las dinámicas observadas en esta tercera década del siglo XXI, a propósito de las relaciones civiles militares en el contexto de la democracia, los antecedentes son determinantes para poder fundamentar observaciones críticas, pero también argumentos equilibrados, alejados de la animosidad.
A partir de las decisiones del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, han surgido de forma natural, planteamientos que cuestionan las tareas asignadas y sobre todo, las condiciones en que no obstante la aplicación extensa e intensa de las instituciones militares, la violencia criminal no reduce.
En la ecuación analítica, faltan múltiples variables a considerar, por ejemplo: la situación de los sistemas penitenciarios (estatales, algunos municipales y los federales); el decidido compromiso de los Poderes Legislativo (sobre todo, presupuestos a las instituciones locales de Seguridad Pública) y Judicial (justo ahora que hay en un debate en torno a la prisión preventiva de oficio); el compromiso de los medios de comunicación para que en lo posible, se evite la difusión de la apología a la actividad criminal; y por supuesto, incrementar las condiciones de cooperación y coordinación con autoridades de Seguridad Pública e Inteligencia de otros países, para contener las diversas e intensas actividades de las organizaciones criminales internacionales.
México, por la naturaleza de su sistema y régimen políticos, cuenta con las Fuerzas Armadas, como un recurso crítico para la estabilidad en todos los sentidos. En acatamiento a la institucionalidad y la lealtad a la sociedad, las instituciones y las leyes, es que las autoridades civiles no deben suponer que esos valores implican a una coyuntura o a un momento determinado. Son en efecto, la esencia y naturaleza de la Doctrina y Pensamiento militar, que a lo largo de las generaciones de militares, implican a su vez, el patriotismo como factor determinante en el compromiso con la Nación.
El debate generado por el tercer informe e investigación, en torno a los trágicos y muy lamentables hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, han generado un ambiente en donde las suposiciones e investigaciones, siguen en curso. Las conclusiones son muy polémicas. Más aún, cuando hay señalamientos respecto de una circunstancial participación de las Fuerzas Armadas, a partir de lo cual, se ha alimentado –de nuevo, el protagonismo militar, a instancias y por decisión del estamento civil y por instrucciones del Presidente de la República.
@JOPso
