La Ley de Amparo promulgada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atenta contra los derechos de igualdad y la debida tutela del acceso efectivo a la justicia, mientras que la aplicación de la amnistía pone en riesgo el derecho a la reparación del daño de las víctimas, advirtió el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez.

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El legislador federal subrayó que ante estas violaciones a los derechos de los ciudadanos, PRI, PAN y PRD presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para frenar estos abusos.

Consideró que las modificaciones avaladas por Morena a la Ley de Amparo son un retroceso en materia de derechos humanos, ya que violan el artículo primero de la Constitución en perjuicio del más débil.

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Recordó que este artículo establece que los derechos humanos son progresivos, por lo que la iniciativa que se votó por Morena hace que la justicia solamente sea para los ricos, para los que puedan pagar un abogado y tramitar un amparo.

Subrayó que la aplicación de la amnistía no debe atentar contra el justo derecho a la reparación del daño de las víctimas, ni ser ocasión para que el Ejecutivo sobrepase la facultad que constitucionalmente le corresponde al Congreso de la Unión.

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Insistió que la fracción XXII del artículo 73 constitucional señala que al Congreso de la Unión le corresponde la facultad para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación, por lo cual la reforma realizada al artículo 9 de la Ley de Amnistía con el voto de legisladores oficialistas va en contra de lo previsto en la Carta Magna. Con ello, dijo, vemos que Morena quiere liberar asesinos y narcotraficantes.

Además, el diputado priista, agregó que esta reforma hace que el poder Ejecutivo también se atribuya facultades que corresponden al poder Judicial y que sobrepase lo ya actuado en un juicio, sin considerar lo que se haya resuelto a favor de la víctima de un delito en materia de reparación del daño.

Sobre la reforma a la Ley de Amparo, reiteró que ésta atenta contra los derechos de igualdad y la debida tutela del acceso efectivo a la justicia.

“La suspensión de una norma general en contra de los derechos previstos en la Constitución debe beneficiar a todos conforme al principio de progresividad y a criterios emitidos por órganos jurisdiccionales en materia de derechos humanos”, insistió Moreira Valdez.