Los ministerios religiosos que no se revisan

26, diciembre 2022

ANGÉLICA DE LA PEÑA

Tener una religión es un derecho humano fundamental. Toda persona tiene derecho a la libertad de religión, señala la Constitución Política. Todos los Tratados en materia de DDHH vindican este derecho. Nadie puede ser perseguido por sus creencias. Este derecho esta inscrito en la libertad de conciencia y de pensamiento e incluye el ateísmo, el derecho a no profesar ninguna religión.

 El Pacto Sobre Derechos Civiles y Políticos refrenda el cometido libertario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo al establecerse el Pacto referido, los países musulmanes reservan el artículo 18 que señala toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y la libertad de adoptar o cambiar la creencia de su elección. Abunda que nadie será objeto de medidas coercitivas que menoscaben la libertad de adoptar las creencias de su elección. Como puede observarse, esta es la razón de que los países con derecho religioso, no se vinculen al Pacto.

 Pero en los países donde el Pacto se ha aprobado, no se verifica que quienes son ministros religiosos, acaten los preceptos filosóficos y morales de su religión. Prevalece, cierta discrecionalidad para dejar en libertad a quienes las dirigen. La buena fe se funda en que quienes las conducen, son lo mejor de la sociedad.

 Las leyes cumplen su cometido, ordenar que no se coarte la libertad religiosa y que ésta no se contraponga con la Constitución. En México hay una diversidad religiosa, aunque hoy el 77.7% de la población es católica; en 1950 el 98% era católica. Pero se fue incrementando la presencia de iglesias protestantes y evangélicas, y también el ateísmo. El censo de INEGI de 2020 muestra que una de cada 10 personas no tiene credo.

 La discrecionalidad con que se mueven quienes están al frente de los ministerios de las iglesias, ha llevado a situaciones de ilegalidad, sobretodo por la permisividad que se ha dejado con la ausencia alevosa de la autoridad de no hacer cumplir la ley, y dejar se imponga a discreción la propia norma interna de cada religión. La pederastia en la Iglesia Católica en el mundo, y también en México, ha sido escandalosa. Sólo recordar al padre Maciel quien durante años no sólo timó recursos económicos de creyentes: también gozaba de impunidad como pederasta.

Se acaba de estrenar un documental en HBO Max sobre la iglesia La Luz del Mundo y su líder Naasón Merarí Joaquín García, acusado de violación sexual a chicas menores de edad. Los hechos se perpetraron en iglesias en EU. Las víctimas decidieron salir del anonimato para evidenciar una situación de impunidad que alcanza al fundador de esta iglesia de tendencia pentecostal, a su hijo que heredó su conducción, y ahora al nieto, quien pugna una sentencia de 16 años 8 meses en una cárcel de EU por tres delitos de los que se declaró culpable. 

 Recordar los hechos de Acteal, nos remite al ambiente que se vive en algunos lugares de México, particularmente en zonas indígenas donde dominaba el catolicismo. La conversión hacia el protestantismo y la lucha por algo nuevo, incluso el propio gobierno, deriva en una literal guerra en estas zonas. Contar las historias de omisión de la autoridad, nos llevaría miles de palabras y a la lectura de la basta obra de análisis de Bernardo Barranco. Los grupos de poder de las iglesias, su influencia en el poder público y las alianzas que han construido, ha permitido la supresión de la Ley.