Andrés Manuel López Obrador estaba fúrico.

Aquella mañana del 11 de octubre soltó tres frases que nadie creyó, porque en otras ocasiones ha mentido, pero que eran ciertas.

– Es legal, pero inmoral.

– Es una imprudencia.

– Es un acto de provocación.

El fin de semana anterior, Lourdes Mendoza publicó fotografías en twitter de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), comiendo pato y tomando vino plácidamente con un grupo de amigos en el restaurante chino Hunan, del barrio Lomas de Chapultepec.

Andrés Manuel sugirió que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer en qué etapa del proceso se encontraba Lozoya Austin y lo justificó reiterando que es un testigo protegido.

Criterio de Oportunidad, le llaman.

-Tengo confianza en el fiscal y espero que se haga justicia como exige la ley. Tiene que haber justicia pronta, expedita. Espero que la FGR informe cómo va el juicio y también que se analice la importancia que tiene la transparencia, dijo.

– Está recibiendo un trato especial, porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo, incluso desde Calderón.

Todo. Lo de Odebrecht, añadió.

Se notaba su molestia.

A Andrés Manuel no le gusta ser exhibido ni quedar en ridículo.

Y ahí se escribió la historia.

Alejandro Gertz Manero, siempre servil, de inmediato dio a conocer un comunicado sobre la situación legal de Lozoya., en el que decía que el proceso está abierto.

Tal como sucedió con el mismo Lozoya, cuando llegó desde España y recibió trato preferencial.

-Emilio L sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre. Los procesos continuarán,  decía el documento.

La orden fue dejar de consentirlo.

La presión mediática era ya inaguantable.

A López Obrador lo acusaban de intolerante, dictatorial y de, los más moderados, injusto e inequitativo.

Comparaban la impunidad de Lozoya con el trato a Rosario Robles Berlanga, su compañera en el sexenio de Enrique Peña Nieto, presa por la Estafa Maestra y porque el juez, sobrino de Dolores Padierna, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, lo decidió al asegurar que podría huir del país, por no coincidir su domicilio con el de la credencial del INE.

Y también con el de los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) , perseguidos por Gertz Manero acusados de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Lavado, pues.

O el del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos acusado de nexos con el narcotráfico  y enviado a México a petición del gobierno de López Obrador.

Aquí jamás pisó la cárcel y fue exonerado.

El trato preferencial comenzó desde que llegó de España, en julio de 2020, y con engaños a los malditos medios y reporteros, fue llevado a un hospital en donde se dijo que sería atendido.

Días después se dio a conocer su situación legal: estaría en su casa, con un brazalete de localización satelital.

Ayer, cuatro fiscales de la FGR y dos abogados de la Unidad de Inteligencia (UIF) y dos de Pemex acabaron con el acuerdo y con él.

-Existe riesgo de fuga por sus contactos y por sus posibilidades económicas.

Y que le quitan el brazalete.

Y que lo mandan al Reclusorio Norte.

 

Vámonos:

¿Quién es quién en las mentiras?

-No es falso, pero no es verdadero.

¿Qué dijo Ana García Vilchis?

 

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