Por Guillermo Deloya Cobián
Una opinión o sugerencia encauzada mediante un pago, no es más que una forma de corrupción. No se diga de constituir adicionalmente una muestra de nulas convicciones y la flexibilidad que una persona pública puede demostrar al rendirse al poder del pecunio más que al del convencimiento y asimilación justificada en la reflexión y en la responsabilidad. El efecto se magnifica en este enorme fenómeno que son las redes sociales. Así, en un universo que ha tenido pingües ganancias por lo viral que se vuelven los contenidos, existen por igual dueños de voces que tienen ecos insospechados y alcances inusitados que, no necesariamente, abordan con análisis concienzudo un tema, ni tampoco tienen opiniones que edifiquen en campos tan escabrosos y polarizados como lo es la política. Por ello resulta lamentable el suceso que, en tiempos de veda electoral se suscitara por la “espontanea” muestra de apoyo que diversos “influencers” hicieran a favor del partido verde ecologista. Lamentable por muchas aristas que incluso trastocan la credibilidad misma del sistema electoral en la eventualidad de que este sea un hecho que quedara en la impunidad y el desinterés. Estuvimos ante una elección sumamente complicada. Un México polarizado que entró en un esquema de confrontaciones que ponen muros con altitudes que por momentos parecerían inescalables. Cualquier abono al enrarecimiento de un ambiente de deterioro y reyertas, es una genuina irresponsabilidad, cuyo acto punible cometido por desconocimiento de la ley no exime a sus perpetradores de las consecuencias legales correspondientes. Ahí es claro el principio que se enseña en el primer día de la carrera de derecho: el desconocimiento de la ley, no excluye a nadie de su cumplimiento. Lo anterior es pertinente ya que dentro de ese cúmulo de patriotas mexicanos que hablaron de las bondades contenidas en las propuestas del PVEM, existen algunos que con cierto cinismo comentaron que no sabían que el encauzar el voto de manera pública en tiempos de veda, constituye un posible hecho ilícito. Lo es de tal manera que, de forma inmediata se inició un procedimiento especial sancionador a efecto de prevenir la violación de las normas sobre propaganda política o electoral. Aparejado a lo anterior, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió una medida cautelar para frenar de inmediato la difusión de los mensajes emitidos. Y el camino a seguir deberá ser ejemplar. En el momento actual se integra un expediente de investigación el cual permitirá el desahogo de los testimonios de los involucrados, y posteriormente se remitirá a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que este resuelva lo conducente.
Las consecuencias pueden ser perniciosas para los involucrados; el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por si o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello…”. Pero para mala fortuna de la democracia esta no es la primera ocasión que esto ocurre y lamentablemente no es por igual la primera ocasión que el Verde recurre a esta práctica de pago por opiniones positivas. En 2015 AleksSyntek, el Piojo Herrera, Jorge Van Rankin, Daniel Bisogno y Julio César Chávez se bañaron en las mieles de la abundancia del partido, para generar una cadena de opiniones que, debido a que fueron pagadas constituían en si una irregularidad legal. Sin embargo, el castigo no llegaría y con ello el incentivo para que ahora en este enrarecido presente Celia Lora, Bárbara del Regil, Raquel Bigorra, Mariana Echeverría, Raúl Araiza, Sherlyn y Regina Murguía entre otros, saltaran al espacio virtual de las redes sociales y se volcaran en elogios a la propuesta de un partido político que se ha vuelto un profesional de la conveniencia y la poca rectitud.
Lejos del escarnio público que reprueba esta conducta están dos cuestiones a considerar; cuál es el tratamiento fiscal por los ingresos generados tanto por las agencias que de forma especializada tienen capítulos dedicados a la contratación de la gracia de personajes con grandes círculos de influencia. ¿Existirá claridad para saber cuánto se pagó a cada personaje y con ello se puedan normalizar fiscalmente dichos ingresos? Por otra parte, cómo se evita que esta actividad se normalice y quede sin sanción legal. Ahí, la posible comisión de un delito electoral es latente, la guadaña de la ley afilada, y el juicio de la historia implacable.
