Foto: Cuartoscuro.com La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, presentó una iniciativa para establecer el Fondo de Aportaciones para la Restauración y Beneficio de las localidades con Actividad Minera, con el propósito de que los municipios impactados por la extracción de minerales sean beneficiados con bienes y servicios públicos que mitiguen las problemáticas socioambientales derivadas de esta actividad.
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Señaló que el extractivismo implica la explotación de recursos naturales bajo una lógica de mercado que despoja a las comunidades de sus territorios, dejando graves consecuencias ambientales y sociales sin ofrecerles beneficios directos.
Por lo anterior propuso que la distribución de los recursos, el 70 por ciento debería destinarse de manera equitativa entre los municipios y alcaldías con actividad minera y el 30 por ciento restante sea canalizado a las entidades federativas con concesiones mineras y a aquellas colindantes donde se presenten impactos ambientales.
“Los beneficios económicos que se generan por las actividades mineras no se conservan ni se distribuyen entre todas las personas de las localidades donde se extrae, pero éstas sí conservan los daños ambientales”, señaló la senadora emecista.
Dijo que la actividad minera, además de generar daño ambiental, provoca el desplazamiento o la extinción de especies de flora y fauna, así como afectaciones directas a la salud de las comunidades.
Recordó que hasta 2020 operaba el denominado Fondo Minero, destinado a financiar proyectos que beneficiaran a las zonas de extracción. Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo de financiamiento específico para atender las necesidades de las regiones impactadas por esta actividad.
“Por ello, es fundamental la creación de un fondo exclusivo que concentre los recursos generados por la actividad minera y, bajo la lógica de la coordinación fiscal, los transfiera principalmente a los municipios mineros, con el objetivo de resolver problemáticas socioambientales locales.
Agregó que la iniciativa pretende garantizar a las comunidades mineras acceso a bienes y servicios públicos que atiendan los retos derivados de esta actividad, mediante el aprovechamiento de los recursos provenientes de la extracción.
