POR PATRICIA RAMÍREZ

La iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ninguna manera atenta contra tratados internacionales o comerciales, pues está absoluta y categóricamente alineada a los acuerdos firmados por México con otros países, aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco.

“No hay una prohibición de hacer adecuaciones a la Constitución y lo anterior se refuerza con esta disposición de carácter mandatorio, el capítulo 14, donde México tiene plenitud de atribuciones y facultades para emitir una regulación interna con el fin de preservar el bienestar público, el interés general, y se señala que al amparo de esta atribución, cuando la ejerza alguno de los Estados integrantes de la zona norteamericana de libre comercio, ello no califica como expropiación”, argumentó.

Explicó que en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) esta reforma en ningún momento contraviene lo establecido en los capítulos octavo, relativo al tema energético; 14 referente a la inversión; 21 sobre libre competencia, combate a monopolios; y el 27 cuyo núcleo duro es el compromiso en el combate a las prácticas corruptas en los tres países firmantes.

Por ello, invitó a los detractores de la iniciativa a leerla a fondo y estudiarla, para que se sepan con absoluta certeza y rigor de honestidad que ésta se encuentra genuina, absoluta y categóricamente alineada a las reglas y compromisos asumidos por México con otros países.

Precisó que, en el capítulo octavo del acuerdo del TEMEC queda claramente establecido que el Estado mexicano se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y la legislación interna con relación al tema energético. “Frente a eso no cabe duda que tenemos una propuesta presidencial claramente investida de legitimidad en términos de la normatividad del Tratado trilateral de la zona norteamericana de libre comercio”, dijo.

Además, en el capítulo 14 sobre las inversiones existe una definición igualmente aceptada por Canadá, Estados Unidos y México donde se establecen facultades para emitir regulaciones internas, con objetivos legítimos que tengan que ver con la defensa y preservación del bienestar público.

Esto deja claramente establecido, sobre todo para los representantes de los organismos y cúpulas empresariales en el país, que no se trata de expropiación alguna; de acuerdo al texto puntual del capítulo 14, ahí se define como expropiación la toma del título de propiedad.

“A ningún inversionista privado se le va a despojar de un título de propiedad, de un título de dominio, sobre activos o cualquier otro bien patrimonial. Es por eso que nada podrá poner en crisis la legitimidad jurídica internacional de la iniciativa presidencial”, expuso.

En este contexto, sentenció que es una auténtica falacia, una gran mentira, afirmar que hay expropiación directa o expropiación indirecta en la reforma.

Con respecto al capítulo 21 sobre libre competencia y combate a prácticas desleales y prácticas monopólicas, absolutas y relativas, explicó que uno de los objetivos legítimos de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de reforma constitucional eléctrica es justamente que haya oferta y demanda en un contexto de competencia clara, transparente y efectiva.

“Evidentemente de lo que se trata es de depurar el mercado y con ello abatir las prácticas desleales de comercio interno que están dañando a la CFE; combatir y eliminar el mercado obscuro generado bajo una figura patológica desde el punto de vista jurídico y empresarial de fraude a la ley por la perversión el desvío y la corrupción del sistema de auto abasto”, afirmó.

Mier Velazco consideró que esta reforma está basada a los principios establecidos en el capítulo 27, que señalan la obligación de los Estados firmantes del T-MEC a poner en marcha esquemas de combate a la corrupción.

En conclusión, la reforma planteada por el Ejecutivo federal en materia eléctrica permitirá corregir todo aquello que se hizo de manera facciosa en la llamada reforma energética del 2013, cuya aprobación se dio a costa del beneficio de los mexicanos, para favorecer a un grupo político y empresarial que hoy claramente ve afectados sus intereses. “Por eso lo estamos invitando a la reflexión”.

“En Morena estamos convencidos de esta reforma. Nos resta invitar a todos los involucrados y a quienes sientan afectados sus intereses a debatir y argumentar. No estamos cerrados al debate de ideas, pero siempre vamos a defender el interés general de la nación”, concluyó.