La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances de la nueva ley de aguas como parte de una estrategia para eliminar privilegios en el uso del recurso y corregir prácticas que permitieron su comercialización bajo esquemas legales durante décadas.

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El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que la reforma prohíbe la transmisión de derechos entre particulares, lo que busca cerrar el llamado mercado negro del agua, donde concesiones agrícolas terminaban en usos industriales, inmobiliarios o de servicios.

El funcionario detalló que el nuevo marco legal también impide cambios de uso sin control, con el objetivo de evitar que concesiones sin costo, destinadas a la producción de alimentos, se utilicen con fines de lucro sin pago de derechos.

Como parte de la aplicación de la ley, la autoridad identificó casos de especulación, como en Zacatecas, donde títulos de concesión se fragmentaron y revendieron, generando ganancias millonarias, así como en Chihuahua, donde se otorgaron concesiones sin uso real en acuíferos sobreexplotados.

Durante la presentación, Sheinbaum exhibió la postura del diputado del PRI, José Luis Calzada Rovirosa, vinculado a concesiones de agua en Querétaro, quien votó contra la reforma bajo el argumento de que debía garantizarse el acceso al recurso.

Sin embargo, señaló que su familia utilizaba títulos agrícolas sin pago para vender agua en pipas y abastecer desarrollos privados, lo que derivó en la clausura de pozos y la revocación de concesiones.

En esa entidad, la Comisión detectó concesiones agrícolas que se utilizaron para vender agua en pipas o abastecer desarrollos inmobiliarios y clubes privados, lo que derivó en clausuras y procesos de revocación.

Morales López informó que la reforma fortaleció las facultades de inspección, lo que permitió llevar a cabo más de 7,600 revisiones, de las cuales más de 1,000 concluyeron en clausuras por uso ilegal del agua.

La autoridad señaló que también se detectaron extracciones ilegales en entidades como Nayarit y Baja California Sur, donde se comercializaba agua sin concesión, lo que ahora se sanciona con multas y penas de prisión.

En el ámbito industrial, la Comisión revisó concesiones de empresas, donde encontró irregularidades como falta de medidores, sobreexplotación, adeudos y uso indebido de títulos para evitar pagos.

En uno de los casos, una empresa inició su proceso de regularización, instaló medidores y comenzó a cubrir un adeudo cercano a 44 millones de pesos, de los cuales ha pagado casi 24 millones.

La reforma establece sanciones más altas por descargas ilegales y obras sin permiso en zonas federales, con multas que superan los 800 mil pesos, lo que busca inhibir prácticas contaminantes.

El gobierno federal reportó que estas acciones permitieron incrementar la recaudación en 3,500 millones de pesos durante 2025 y proyecta un aumento adicional de 6,300 millones en el presente año.

Asimismo, la autoridad informó que se han gestionado más de 9,500 trámites en beneficio de pequeños y medianos productores, incluyendo la entrega y regularización de títulos de concesión.

Como parte de los efectos de la reforma, el gobierno anunció la entrega directa de derechos de agua a municipios de Baja California, que anteriormente compraban el recurso a distritos de riego mediante esquemas de transmisión.

En los últimos cinco años, esos municipios pagaron más de 531 millones de pesos a intermediarios, situación que la nueva ley elimina al establecer que los derechos deben asignarse directamente a las autoridades municipales.