La conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026 colocó nuevamente el debate sobre los derechos de las mujeres en el centro de la agenda pública en México, donde Naciones Unidas llamó a acelerar acciones que permitan convertir en realidad la igualdad jurídica y el acceso efectivo a la justicia.

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A cuatro años del plazo fijado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el organismo internacional sostuvo que los avances legales registrados en el país muestran cambios relevantes, aunque todavía persisten desafíos estructurales para garantizar que las leyes se traduzcan en protección efectiva.

El contexto global ofrece un marco de referencia preocupante. En promedio, las mujeres y las niñas cuentan solo con 67 por ciento de los derechos legales que poseen los hombres en el mundo, una brecha de género que podría tardar casi tres siglos en cerrarse si el ritmo de transformación no se acelera.

Dentro de ese panorama internacional, México aparece como un país que ha impulsado reformas legales significativas durante los últimos años. Entre ellas destacan modificaciones constitucionales y reformas legislativas orientadas a ampliar la protección de los derechos de las mujeres.

A pesar de estos avances institucionales y legislativos, las estadísticas muestran que los obstáculos para acceder a la justicia continúan presentes en la vida cotidiana de muchas mujeres en México.

Datos citados por Naciones Unidas indican que solo 13.1 por ciento de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja acudió a denunciar ante una autoridad.

Las razones para no denunciar responden a múltiples factores. Entre ellos se encuentran el miedo, la estigmatización social, la revictimización institucional, el desconocimiento de los mecanismos legales disponibles y la desconfianza en las instituciones.

La persistencia de la impunidad también aparece como un elemento que desalienta la denuncia y debilita la eficacia de las leyes diseñadas para proteger a las víctimas de violencia de género.

Frente a este escenario, Naciones Unidas subrayó que la superación de estas barreras exige fortalecer la coordinación institucional entre las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.

También planteó la necesidad de garantizar procesos accesibles, oportunos y sensibles a la diversidad de las mujeres, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.

Entre las prioridades señaladas figuran invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género, garantizar asistencia jurídica accesible y fortalecer la aplicación efectiva de las leyes existentes.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas convocó a gobiernos, congresos, poderes judiciales, fiscalías, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones sociales a reforzar las acciones orientadas a cerrar las brechas de desigualdad.