PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reabrir la investigación contra los aspirantes de Morena a la presidencia de la República incurrieron en violaciones a la ley, al acudir a un mitin en la ciudad de Toluca, Estado de México, el 12 de abril de 2022.

Durante su sesión de este miércoles, los magistrados electorales señalaron que las declaraciones de las corcholatas en ese acto masivo deben ser analizadas para determinar si existieron actos anticipados de campaña y vulneración al principio de imparcialidad.

Con esta determinación revocó la sentencia de la sala especializada, que había determinado que no hubo infracciones legales por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

La sala especializada había determinado no seguir con el expediente, debido a que no se comprobó que hubiera sistematicidad o que este evento fuera parte de un esquema en el que los aspirantes hubieran seguido una estrategia para promocionarse.

“La sala especializada requirió elementos adicionales no previstos por la normativa o la doctrina jurisprudencial de esta sala superior. Por eso, lo procedente es ordenarle a la sala especializada que analice nuevamente las expresiones denunciadas, de conformidad con los parámetros que se apuntan en la propuesta”, señala la sentencia avalada por los magistrados electorales al resolver una queja del PRD.
Presidente, responsable por propaganda ilegal

En otro expediente, el TEPJF determinó la responsabilidad indirecta del presidente de la República de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, durante la revocación de mandato, porque no impidió que los titulares de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el de Petróleos Mexicanos (Pemex) mencionaran programas de gobierno en una conferencia “mañanera”.

La controversia se originó en la conferencia matutina del 7 de abril de 2022, en la que los titulares de Agricultura y Pemex mencionaron el crecimiento del programa gubernamental de producción y entrega de fertilizantes.

Por ello, el PAN y el PRD denunciaron a varios funcionarios públicos por violar la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato. La sala regional especializada determinó que tanto los servidores públicos mencionados como la concesionaria del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano cometieron la infracción denunciada.

Sin embargo, en un primer momento, la sala superior le ordenó a la sala especializada evaluar si el presidente de la República tenía responsabilidad indirecta en el asunto, así como si la concesionaria también era responsable En cumplimiento, la sala regional especializada emitió otra sentencia y decidió que el presidente de la República no tenía responsabilidad indirecta, pero reiteró la responsabilidad de la concesionaria.

Tanto el PRD como la concesionaria impugnaron esta determinación, pero los magistrados determinaron exhortar al presidente de la República a no difundir propaganda gubernamental y a mantener una postura neutral en las próximas elecciones.

Lo anterior, debido a que se determinó que tuvo conocimiento previo de que el tema de los fertilizantes sería abordado en la conferencia matutina y estuvo en posibilidad de asegurar que no se difundiera propaganda gubernamental, sin haberlo hecho.

Por otra parte, se confirmó la responsabilidad de la concesionaria porque la sala regional fundó y motivó correctamente su determinación, sin que se hubieran combatido debidamente los argumentos establecidos.