EL AGUA DEL MOLINO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

El gobernador de San Luis Potosí abogado Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista (mejor “Rojo” bañado de sangre), anunció que enviará una iniciativa de reforma al Congreso del Estado solicitando la pena de muerte para los “feminicidas” y la castración para los violadores; y al respecto dijo textualmente: “primero vamos a pedir pena de muerte, pero como vamos a ver que se nos va a negar porque es una reforma que tendría que ir a los 32 Estados, vamos a pedir que se cape a los violadores, eso sí está en nuestras manos.

Va a poder quedar asentado en las leyes del código penal local y vamos a capar literalmente a todos los violadores”. Así de bárbaro, de primitivo y de salvaje en un abogado que se supone conoce el Derecho Constitucional y el Penal; aunque en el caso ni siquiera “por encima” sino “por debajo”.

¡Es increíble! Pero se trata de algo que es real en este país donde abundan las iniciativas de ley plagadas de ignorancia que sólo hacen ruido y escándalo propagandístico. 

Me explico. Tan absurda iniciativa debería de ser rechazada por las siguientes y obvias razones. De sobra es sabido, salvo para quienes tienen vendados los ojos y taponados los oídos, que la pena de muerte, excluida de nuestra Constitución y de nuestros códigos penales, no remedia nada sino al contrario.

En ningún sentido es útil y en consecuencia tampoco es necesaria ni ejemplar como lo demuestran ampliamente las estadísticas. Es de sobra conocido que no se readapta al sentenciado ya que se lo regresa, hipotéticamente readaptado, a la misma sociedad criminógena (Jean Pinatel); lo que no sirve de nada, absolutamente de nada.

Ya no se discute que la función primordial del Derecho Penal (funcionalismo) debe ser sancionar o castigar al infractor de la ley para que así repare el daño causado.

Pero si con la reparación –siempre relativa en términos humanos- no se logra nada, entonces sucede que es nula la función del Derecho Penal. Sin embargo no se lo puede omitir o “tirar a la basura”, lo que implica que urge buscar una solución al problema (revisionismo penal).

Hay que revisar nuestro sistema penal. Resulta por lo tanto que la cárcel es altamente negativa y nociva, sujeta a mil formas de corrupción tanto en México como en el mundo entero.

En lo tocante a la pena de muerte no nos hemos cansado de repetir, una y mil veces, que sólo elimina físicamente al delincuente pero no a las causas generadores de la violencia criminal. En rigor -insisto- no resuelve nada, quedando en el espacio de la venganza de Estado; aparte de su funesto papel en los mal llamados delitos políticos.

En lo tocante a castrar o capar a los violadores, y aparte de su abierto desacato a lo dispuesto en la Constitución (art. 1º) y en el Código Penal Federal (art. 24), es, repito, tan bárbaro y salvaje que nulifica o anula la historia del Derecho Penal; regresando al primitivismo de las ideas y casi casi a las cavernas (de donde muchos políticos no han salido, o salieron y hoy nos “asaltan” con lo que sale de sus bocas y endebles cerebros).

En suma, así no se enfrenta la criminalidad ni se resuelve el problema que ella entraña.

Mal haría el Congreso del Estado de San Luis Potosí en dar la espalda a la Constitución Federal y a la local.

Bien es cierto que en una democracia todo se puede decir, con las limitaciones consabidas, pero hay quienes deberían usar siempre, permanentemente, el tapabocas de la pandemia. Hago votos porque ésta no cunda y contagie a los legisladores con la pandemia de la locura y de la sinrazón. 

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNAM

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL

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