ALEJANDRO ARMENTA

Ante la incidencia de divorcios en México que, de acuerdo a los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aumentaron un 61.4 % en el 2021 y, cuando están de por medio los hijos en la separación se hace importante poner sobre la mesa el tema de un derecho irrenunciable, como lo es la pensión alimenticia.

Este derecho que marca la obligatoriedad para cubrir los gastos y manutención de los hijos que comprende, además de la alimentación, el vestido, la habitación, atención médica, la educación de los menores para proporcionarles oficio, arte o profesión.

El mismo INEGI reporta que en nuestro país se estima que el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, lo cual afecta su desarrollo y formación personal en lo educativo, en la alimentación y en una convivencia sana.

Sin duda, la pensión alimenticia es un derecho de los hijos y una obligación de los padres cuando se separan o se divorcian; es recurrente que esta obligación no se cumpla por parte del tutor al justificar una insolvencia económica, ya sea por desempleo o, en algunos casos, por ocultar ingresos para evitar cubrir las necesidades del menor de edad.

El Código Civil Federal establece que el porcentaje mínimo de la pensión alimenticia para solventar los gastos de los hijos, deberá de ser de al menos el 15 por ciento del ingreso del padre o madre que no esté a cargo de los menores; es decir quien se haga cargo en tiempo y permanencia de los hijos es persona sujeta a recibir dicho derecho.

Recientemente, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 84 votos, la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objetivo garantizar su cumplimiento en todo el país, a través de los congresos locales.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será público y tendrá una actualización mensual, cuya inscripción la ordenará un juez federal, quien determina el adeudo alimentario que deberá saldarse.

En defensa de este derecho para la niñez y, en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, los deudores pierden los siguientes beneficios:

● Salir del país y no podrán tramitar pasaporte, documento de identidad o licencia de conducir.
● Participar como candidatos a cargos de elección popular, o de jueces y magistrados.
● Para solicitudes de matrimonio se informará si alguno de los contrayentes es deudor alimentario.

De esa manera, en Morena y en consenso con los grupos parlamentarios del Senado de la República se garantiza las niñas, niños y adolescentes reciban las pensiones alimenticias a las que tienen derecho como prioridad para protegerlos a ellos y a las madres que se quedan a su cuidado.