PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro. com

Diputados federales del PRI, PAN y PRD, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que determinó la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseguró que este recurso legal es necesario para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia.

Puntualizó que es importante mantener los recursos necesarios para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, para la infraestructura de nuevas salas, así como para dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les desaparece.

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A su vez, el diputado Marco Antonio Mendoza aseveró que es importante destacar que detrás del intento por desaparecer los fondos, está una maniobra por debilitar al Poder Judicial, ataque y vulneración que se combatirá con la acción de inconstitucionalidad que se presentó.

Reiteró el apoyo de los legisladores federales a la gestión de la ministra presidenta de la Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, quien, dijo, es una mujer que ha sabido conducir al Poder Judicial, pilar de nuestra democracia.

Los legisladores priistas acotaron que esta acción responde a que en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado se cometieron violaciones dado que se aprobó en el Pleno del Senado un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sin que existiera el quórum requerido afectando el derecho a la representación, participación y a la legalidad.

Además, en la argumentación subrayan, el decreto viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal, con lo que se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor.

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También aclaran que hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias que, al devolverse a la Tesorería de la Federación, actualizan una confiscación, pues son bienes de los particulares, entonces al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos.

“De no concederse la medida se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación”, destacaron en el documento.