LORENA REMÍREZ VALENZUELA
“Para una madre, la desaparición de un hijo significa un espacio sin tregua, una angustia larga. No hay resignificación ni consuelo, ni tiempo que cicatrice la herida. La muerte mata la esperanza, pero la desesperación es intolerable, porque ni mata ni deja vivir.” (Poniatowska, El País, 2019). El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. A lo largo y ancho del país, colectivos de personas buscadoras salieron a protestar y a exigir la frase “vivos se los llevaron, vivos los queremos”; y es que esta frase a pesar de ser usada recientemente con más frecuencia a partir del caso Ayotzinapa, no es nueva. Su uso comenzó el 1940, fecha de la cual datan las primeras desapariciones forzadas registradas en México (El País, 2019). Para los años 70, ya era una política de terror implementada para silenciar disidentes políticos, principalmente. Pero la problemática no ha parado. Las cifras, de hecho, son cada vez más estremecedoras. Para 2006 se contaba con el registro de 2 fosas clandestinas. Sin embargo, para el final de la política de “guerra contra el narcotráfico”, el número en 2012 ascendió a 350 fosas clandestinas. Hoy, cada dos días se encuentra una fosa clandestina en este país(El País, 2019). Les dije… cifras estremecedoras.
La resolución de esta problemática tiene muchas aristas de análisis, pero el gobierno siempre recurre a una: “no contamos con la capacidad instalada para la búsqueda de estas personas”. Sin embargo, la magnitud de la problemática, y los testimonios de los familiares de desaparecidos nos sugieren, en muchos casos con pruebas irrefutables, que no se trata solo de una falta de capacidad, sino de una falta de voluntad por un involucramiento directo de las autoridades con los grupos criminales (El País, 2019).
Las víctimas de desapariciones forzadas en este país nos recuerdan que, para construir paz, se necesita verdad y justicia. Porque si no es así, en sus propias palabras, “la muerte se hace envidiable”. El acceso a verdad, justicia y garantías de no repetición no solo les permite a las familias de las víctimas despedirse de sus seres queridos y descansar después de una inagotable búsqueda, pero también le permite al Estado identificar patrones, actuar y proteger a sus ciudadanos, es decir, cumplir con su parte del contrato social bajo el cual vivimos.
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