La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que impulsa una demanda colectiva contra la cadena Walmart después de que la empresa canceló de forma masiva compras vinculadas a precios publicados en su plataforma digital en marzo de 2025, lo que afectó a cientos de consumidores que intentaron adquirir productos al monto anunciado.

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Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la función de Profeco consiste en procurar que las empresas respeten las condiciones anunciadas al público, especialmente cuando un producto se exhibe con un precio específico. En esos casos, el organismo busca que la tienda entregue el artículo al costo anunciado y, si la empresa se niega, se aplican sanciones administrativas.

La mandataria citó como ejemplo un caso reciente relacionado con Walmart, donde equipos electrónicos aparecieron publicados con un precio incorrecto. Cuando los consumidores intentaron concretar la compra, la empresa canceló los pedidos argumentando un error en el sistema. Frente a esa situación, la Profeco intervino para exigir que se respetara el monto anunciado.

El titular de Profeco, Iván Escalante, detalló que el procedimiento de conciliación entre consumidores y proveedores se desarrolla en tres etapas. Cuando no se alcanza un acuerdo en ninguna de ellas, la institución deja a salvo los derechos de los afectados para que puedan acudir a otras vías legales o integrarse a acciones colectivas.

En el caso específico de Walmart, la dependencia ya inició el proceso judicial colectivo. La acción legal comenzó con el consentimiento formal de 96 consumidores que aceptaron que Profeco los represente en el litigio contra la empresa.

La autoridad estima que el alcance de la demanda podría ampliarse de forma considerable. De acuerdo con los expedientes reunidos por la institución, el número de personas afectadas por la cancelación masiva de compras podría alcanzar alrededor de 839 consumidores.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno no tolera prácticas que perjudiquen a la población ni conductas indebidas de funcionarios públicos. Indicó que cualquier denuncia contra servidores públicos o empresas debe ser escuchada y atendida.

La mandataria subrayó que la actuación de las instituciones depende del compromiso de sus titulares para defender los derechos de la ciudadanía. Según afirmó, la orientación de su administración busca resolver los problemas en favor de la población y evitar beneficios personales o apoyos indebidos fuera del marco legal.

El caso surgió después de que ciudadanos plantearon quejas por presuntas irregularidades en procesos de conciliación con empresas comerciales. En respuesta, el gobierno federal reiteró que las denuncias de consumidores son bienvenidas y que las autoridades deben revisar cada caso con base en la ley.