PATRICIA RAMÍREZ
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares contra las “corcholatas” de Morena y prohibió futuros actos de promoción en los que podrían incurrir los aspirantes presidenciales de Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, pero también incluyó al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La tutela preventiva aprobada por los consejeros electorales prohíbe la realización de actos anticipados de proselitismo, así como la difusión de los mismos, por lo que se ordenó a Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, se abstengan de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio de 2022 en el Estado de México y Coahuila, respectivamente, hasta que den inicio formal los procesos electorales locales 2022-2023 y federal 2023-2024.
De igual forma, la Comisión ordenó a 30 personas del servicio público abstenerse de participar en actos o eventos iguales o similares.
Entre ellos están Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, senador de la República; Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de las y los diputados federales de Morena; Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero; Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores; Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación y los gobernadores de Baja California Sur, Morelos, Tlaxcala, Michoacán así como los electos de Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California.
Los consejeros electorales resolvieron una queja del PRD contra Morena, así como de funcionarios, gobernadores y legisladores por la indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados al proceso electoral local.
En este sentido, los consejeros consideraron que existe un riesgo en que este tipo de actos, presumiblemente ilícitos en tanto evidencian una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado, vuelvan a repetirse en el futuro inmediato.
Señalaron que el de Coahuila fue muy similar al realizado el 12 de junio en Toluca, Estado de México, sobre el que no se emitieron medidas cautelares por tratarse de un acto aislado, pero desde entonces se advirtió que, de repetirse otros semejantes que pudieran configurar una presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado, se podrían emitir medidas cautelares, como ha sido el caso.
Enfatizaron que los plazos para el desarrollo de las precampañas y campañas locales y federales están definidos en la ley, y llamaron a todos los actores a respetar dichos plazos para no afectar las condiciones de equidad de la competencia electoral.
