La bancada del PRI en la Cámara de Diputados insistió en la necesidad de eliminar los pagos al Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa) y además propuso exentar del pago de comisiones bancarias a los mayores de 65 años.

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El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdés, aseguró que el 80 por ciento de los ingresos de los bancos son por comisiones que cobran a sus usuarios y los adultos mayores son los más afectados por estos pagos.

Por ello, buscará, mediante una reforma a la Constitución, que las personas mayores de 65 años no paguen ningún tipo de comisión bancaria, ni por trasladar dinero, ni por tenerlo, ni por sacarlo, ni por consultar la cuenta, ni por hacer una transferencia. Adelantó que realiza un estudio a detalle para bajarlas en beneficio de los cuentahabientes.

El legislador anunció que presentará esta semana dos iniciativas, una planeada desde el año pasado para que se elimine el pago al Fobaproa y otra para eliminar el cobro de comisiones a personas mayores de 65 años.

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Advirtió que ya se pagó demasiado al Fobaproa, poco más de un billón de pesos, razón por la que aseguraron liquidarlo en estos momentos permitiría aplicar recursos presupuestarios a otros rubros importantes para el ejercicio fiscal de 2025.

Añadió que el problema es que en los pagarés del Fobaproa se incluyeron préstamos de socios o de empresarios, es decir deuda personal, que el gobierno nunca debió haber asumido para reembolsar ese dinero.

Sin embargo, consideró que esto no significa dejar sin protección a los ahorradores de la actualidad, ya que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mantendría los fondos para dar seguridad a los ahorradores y solamente se dejaría de trasladar dinero para los pagos que desde hace varias décadas se hacen a los bancos por deudas de dudosa calidad.

El priista acotó que es necesario crear una Comisión Especial para liquidar este fondo y que el dinero de ese rescate bancario, que en realidad no fue para todos los bancos, se destine a los estados, a programas sociales y al campo, ante la crisis que atraviesan las finanzas del gobierno.