La diputada Diana Sánchez Barrios presentó una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el comercio informal como una actividad legítima y reordenar este tipo de comercio en la Ciudad de México a través de zonas específicas para realizarlo.

LEE ADEMÁS: Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app

Con cientos de comerciantes a las afueras del Congreso local, la coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente señaló que la propuesta busca ordenar un fenómeno que ya existe en la Ciudad de México y que representa el sustento de dos millones de personas.

Explicó que la propuesta reconoce la importancia económica y social del comercio ambulante.

La llamada ley Chambeando Ando propone reformas a artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de Ordenamiento del Comercio en el Espacio Público y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Comerciantes.

Sánchez Barrios hizo destacar que 60 por ciento de quienes ejercen el comercio en la vía pública son mujeres, la mayoría de ellas jefas de familia, y advirtió que negarles el derecho al trabajo es profundizar la desigualdad.

Argumentó que se estima que actualmente más de 33 millones de personas trabajan en el sector del comercio popular en el país, esto en el marco de un descenso, el más bajo en una década, en la creación del también denominado empleo formal, que durante ese mismo periodo perdió 308 mil puestos de trabajo y además, con una previsión a la baja del crecimiento económico estimado por el Banco de México en 0.3 por ciento al cierre de 2025. La ocupación en el país se encuentra estancada dado que 59.5 millones de personas tuvieron empleo en el tercer trimestre de 2025, una cifra exactamente igual a la de 2024.

“Las autoridades reconocen el comercio en vía pública como una modalidad legítima del derecho al trabajo, vinculada a los principios de dignidad humana e inclusión social que orientan nuestro marco democrático. El comercio popular, en vía pública, forma parte de la economía urbana y contribuye al desarrollo comunitario. En consecuencia, las y los comerciantes populares son titulares de derechos como el acceso a condiciones justas, no discriminación y seguridad jurídica, así como de obligaciones vinculadas al orden público, la convivencia y el respeto a la normatividad vigente”, señala el texto de la iniciativa presentada en tribuna por la diputada Sánchez Barrios.

La diputada advirtió que los y las vendedores populares sostienen esta ciudad, pues sin su esfuerzo diario esta ciudad no se levanta sola.

Recordó que en la Legislatura pasada se presentó una iniciativa similar, con carácter de ciudadana, que nunca fue dictaminada y quedó en la congeladora legislativa.