Dr. Eduardo Andrade Sánchez
Los universitarios que verdaderamente amamos a nuestra Alma Mater y no queremos ver manchado su prestigio con motivo de un conflicto en el cual no debe quedar involucrada, tenemos el deber de manifestar nuestra opinión en favor de una actuación jurídicamente correcta ajena a las pasiones políticas que se han desatado con motivo de una imputación infundada de hechos no debidamente comprobados, sobre la que se ha montado una campaña de desprestigio contra la ministra Yasmín Esquivel. Quienes, a partir del conocimiento de la legislación universitaria y del Derecho en general, hemos establecido que las autoridades académicas de la UNAM carecen de facultades para despojar a un egresado de un título formalmente concedido, debemos insistir en que la mejor manera de proteger el prestigio de nuestra Máxima Casa de Estudios es instando a sus autoridades a no cometer el gravísimo error de realizar un acto antijurídico para satisfacer presiones externas que no están interesadas en la ética, ni en la calidad académica de la Universidad, sino solo en defenestrar a una juzgadora del más alto nivel, por el hecho de que le han colgado la etiqueta de representar en la Corte al titular del Ejecutivo, quien es el verdadero objetivo de la embestida mediática emprendida contra una funcionaria de trayectoria jurisdiccional irreprochable.
La verdadera razón de esta ofensiva tiene que ver con la actitud asumida por la Ministra Esquivel en defensa de los intereses nacionales y populares en diversos casos en los que ha participado como integrante del Máximo Tribunal, en el cual ha brillado la solidez de los razonamientos jurídicos que impidieron declarar inconstitucionales decisiones legislativas con base democrática que han sacado adelante iniciativas presentadas por el Presidente, las cuales, a su vez, se sustentan en la plataforma política por la que votó la mayoría del pueblo mexicano. La afinidad ideológica, jurídicamente sustentada, entre un juez constitucional y el Poder Ejecutivo que participó legítimamente en su nominación, no significa sumisión ni dependencia. Es el resultado que se produce en los sistemas democráticos, de la colaboración entre los dos poderes de elección popular para configurar el órgano supremo del Poder Judicial.
Quienes tienen legítimas posiciones políticas opuestas a la filosofía gubernamental están en su derecho de defenderlas pero no de incitar a las autoridades de la UNAM a ponerse a su servicio. Esta egregia institución no debe aceptar convertirse en instrumento al servicio de los intereses políticos y económicos que están detrás de los ataques a una de sus egresadas más destacadas, su prestigio como institución académica de alto nivel se dañará irreparablemente si cae en la tentación de torcer su normatividad a fin de dar satisfacción a quienes la empujan al borde del precipicio de la ilegalidad.
Para lograr ese propósito se han inventado las más absurdas interpretaciones de la legislación universitaria, y hasta se ha violentado la ética llegando a extremos inimaginables como el de los 33 académicos que se prestaron a calumniar a la Ministra mediante un escrito en el cual incurren en actos prohibidos por el Art. 84 del Estatuto General y exigen que la UNAM la prive de su título mediante la violación de los más elementales derechos humanos.
Independientemente de que la Ministra compruebe, como seguramente lo hará, que ella es la autora original de la tesis cuestionada, solo quedarán dos hechos fuera de toda duda: que existió una irregularidad en los procesos de titulación, y que la responsabilidad recae en quienes fallaron en verificar el desarrollo de tales procesos, de modo que otros alumnos, aprovechando el trabajo de la alumna Esquivel —como lo determinó el propio director de la FES Aragón— presentaron reproducciones de la tesis original, las cuales fueron aceptadas y aprobadas por los sínodos correspondientes y dieron lugar a la emisión de los títulos que ostentan estos profesionales. Ello demuestra que, por lo menos en los casos en que ha quedado evidenciado, existió una deficiencia en la aplicación de los exámenes para el otorgamiento de títulos y grados acaecida en el pasado y a la luz de lagunas e insuficiencias que la propia UNAM ha reconocido que aún existen en su legislación, aunque también es verdad que a lo largo de todos estos años ha mejorado el marco jurídico y los procedimientos académicos que abren ahora múltiples vías de titulación. Lo cierto es que a la UNAM le corresponde elevar constantemente la calidad de los métodos empleados para calificar la aptitud de sus egresados, pero no involucrarse en una contienda política, impulsada por quienes no comparten la filosofía gubernamental. La presunción de que esto está ocurriendo con el fin de actuar personalmente contra la Ministra se basa en que aunque oficialmente se ha señalado que su tesis fue reproducida por varios alumnos, ningún procedimiento se ha referido a ellos.
@DEduardoAndrade
