Las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth Maricela Silva Andraca y Ana Erika Santana González afirmaron que las políticas públicas en materia de prevención del suicidio son insuficientes frente a la magnitud del problema, principalmente por la falta de presupuesto.

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Por ello, señalaron la necesidad “de destinar de manera específica recursos suficientes hacia la atención de la salud mental y prevención del suicidio, ya que cada vez más jóvenes, niñas y niños enfrentan esta crisis”.

En el marco del “Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios”, Silva Andraca destacó que en la Cámara de Diputados se han diseñado varios proyectos legislativos en esta materia que están detenidos y todos requieren presupuesto, “porque ninguna vida de ningún ser humano tiene precio y un impacto presupuestal será mínimo cuando podamos salvar una vida.

“Estas iniciativas buscan reformar diversos ordenamientos, principalmente la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siempre con el objetivo de incorporar la salud mental como un eje prioritario de políticas públicas, y claro que para eso se necesita presupuesto”, señaló.

Aseguró que está en análisis la posible expedición de una Ley General de Prevención del Suicidio, que permita una adecuada coordinación entre las instituciones de los distintos órdenes de gobierno, que mejore la toma de decisiones basadas en evidencia y permita evaluar las políticas públicas, así como la identificación de grupos prioritarios como son las niñas, los niños, las y los adolescentes, personas adultas mayores o poblaciones en situación de vulnerabilidad.

“La legislación fortalecería la capacidad obligatoria y continua del personal de salud, educativo y de seguridad pública, dotándolos de herramientas para la detección temprana de señales de alerta y la intervención en situaciones de crisis.

“La articulación interinstitucional sería un eje clave, permitiendo que escuelas, centros de salud, líneas de atención telefónica y comunitaria, así como organizaciones de la sociedad civil, operen bajo protocolos comunes que aseguren una respuesta rápida, coordinada y eficaz”, aseveró.

La diputada del PVEM, también dijo que se incorpora un enfoque de derechos humanos y perspectivas de género en el diseño e implementación de las políticas públicas derivadas de la ley y consolidaría el compromiso del Estado con la salud mental como un componente esencial del bienestar social, elevando su atención a una prioridad nacional al establecer obligaciones claras, mecanismos de seguimiento y evaluación.

En su oportunidad, la legisladora Ana Erika Santana González consideró que la salud mental y la prevención del suicidio en México son temas muy sensibles, ya que más allá de las cifras, es hablar de vidas que quedan en silencio, de familias que quedan sensibles y de un Estado que durante mucho tiempo llegó y actuó tarde.

“Hoy, afortunadamente, México ha comenzado a transitar hacia un nuevo paradigma y reconocer el suicidio como un problema de salud pública prioritario que requiere atención oportuna, integral y con un enfoque de derecho humanos; sin embargo, los avances son insuficientes frente a la magnitud del problema”, aseveró.

Refirió que la Ley General de Salud establece la obligación del Estado de garantizar atención médica y psicológica inmediata a personas con conducta suicida y el derecho penal sanciona a quienes instigan o facilitan estos actos.

Consideró primordial dar un paso legislativo más, presupuestal y estructural, por lo que propuso crear un “Programa Nacional Unificado de Prevención y Postvención del Suicidio” que articule, fortalezca y dé coherencia a todas las acciones existentes.

José Joaquín Ceballos, CEO y fundador de la Coalición Internacional en Prevención del Suicidio, sostuvo que es una problemática de salud pública de carácter multifactorial, cuya incidencia ha mostrado un comportamiento sostenido en diversos grupos poblacionales, particularmente en preadolescentes, adolescentes, personas adultas jóvenes y mayores, pueblos marginados, afrodescendientes, entre otros, cuyo impacto trasciende el ámbito individual afectando a familias, comunidades e instituciones.

Por ello, puntualizó, la iniciativa en materia de prevención del suicidio busca establecer criterios técnicos homogéneos con atención oportuna y de calidad, fortaleciendo la prevención desde un enfoque comunitario e integrando un sistema nacional de vigilancia.