ANGELICA DE LA PEÑA
Aspirar a la profesionalización de policías civiles en cada orden de gobierno, que garanticen según sus atribuciones, que la gente transite con seguridad por las calles del país, no es cretinismo. La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los derechos humanos fue clara al señalar que ceder el control de la Guardia Nacional a la SEDENA se contrapone con la supervisión civil “en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”.
Y expresó su “preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028”.
Quienes lo exigimos desde 2006 no somos hipócritas, no hemos cambiado nuestras exigencias de construcción de corporaciones policíacas profesionales, con controles internos y externos, formadas en el respeto de los derechos humanos y en lo más avanzado en materia de investigación criminalística para poder atender los retos en materia de seguridad y procuración de justicia.
Los últimos presidentes decidieron optar por lo más fácil: trasladar al ámbito civil, elementos que se habían adiestrado en el ejército y en la marina. Zedillo forma en 1999 la Policía Federal Preventiva con elementos de la policía federal de caminos y elementos de la policía marina y la adscribe a gobernación; Fox la traslada a la Secretaría de Seguridad Pública.
Pero Calderón en lugar de fortalecer esta corporación policíaca, recurre al ejército para enfrentar a los capos de los cárteles de la droga como el eje principal de su gobierno. Los cárteles no sólo se dedican al trasiego de la droga hacia EU principal consumidor del mundo; como sabemos, también la distribuyen aquí. Y López Obrador se equivoca en su aseveración de que los militares son incorruptibles.
Hoy la delincuencia organizada hace de las suyas al infringir delitos de secuestro, cobro de piso, robo de vehículos, trata de personas con diversos fines de explotación, venta de armas ilegales como nunca. Hay un crecimiento de víctimas del delito y de víctimas de violaciones a los
derechos humanos: los daños colaterales tienen consecuencias terribles: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzoso y se elevan las cifras de homicidios dolosos y de feminicidio. La disminución cada año del presupuesto hacia estados y municipios, y el aumento a las fuerzas armadas, es otro elemento que evidencia la intención de militarizar todo.
Es verdad que en el ejército hay una gran incomodidad al asumir tareas en la seguridad pública sin tener legalmente atribuciones para ello, como lo reclamó el General Cienfuegos en el régimen de Peña, y hoy lo volvió a referir el General Sandoval. La diferencia con López Obrador es que en realidad simpatiza con la militarización del país, no sólo de la seguridad pública.
Y en estas andamos, cuando sorpresivamente Alejandro Moreno, presidente del PRI decide su apoyo a la militarización de la seguridad pública poniendo en riesgo a la Alianza Va Por México. Ponerse del lado de López, sólo provoca suspicacias. Y no, nadie en la oposición quiere quedarse sentado contando muertos: tenemos 16 años de pie, exigiendo a los presidentes en turno, a que cambien esa estrategia fallida y peligrosa.
Defensora de derechos humanos
