Ratifica la FGR ante Cámara de Diputados solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas

26, febrero 2021

La Fiscalía General de la República ratificó ante la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.

El titular y los fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, se presentaron en la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para ratificar la solicitud.

Los funcionarios de la FGR fueron atendidos por el Director General de Asuntos Jurídicos, Luis Genaro Vásquez Rodríguez y la documentación entregada ya fue turnada a la secretaría general, para que sea remitida a la Sección Instructora, de conformidad con lo establecido en el Articulo 12, inciso b) de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Los funcionarios entregaron seis cajas de cartón con los archivos que entregaron para justificar su petición del juicio de procedencia, pruebas que deberá valorar la Sección Instructora.

La denuncia se deriva de la queja que particulares presentaron por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Se detalla que esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.