GERARDO GUTIÉRREZ

Los resultados presentados por el Coneval de la medición multidimensional de la pobreza para 2022 muestran una mejoría general. Máxime tomando en cuenta la pandemia, dado que el análisis se hace desde 2018. Sin embargo, también arrojan algunas señales preocupantes que atenúan el valor de los avances, dejando una sombra sobre su sostenibilidad: un factor de precariedad.

Sin duda, hay datos positivos. La pobreza multidimensional se refiere a las personas que presentan al menos una privación en sus derechos sociales y tienen un ingreso mensual insuficiente para adquirir una canasta alimentaria y bienes y servicios necesarios. Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en tal situación se redujo de 41.9 a 36.3 por ciento. Es el más bajo de toda la serie, iniciada en 2008. En términos absolutos, baja de 51.9 a 46.8 millones de personas.

En el mismo periodo, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasó de 49.9 a 43.5 por ciento. En número de personas, bajó de 61.8 a 56.1 millones.

En agosto de 2022, el valor de esa línea por persona al mes fue de 4 mil 158 pesos para las zonas urbanas y 2 mil 970 para las rurales.

Finalmente, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos (sin un ingreso suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria) pasó de 14 a 12.1 por ciento, y en números absolutos, de 17.3 a 15.5 millones.

El problema es lo que se observó en las carencias, en general: en la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos se pasó de 2.5 a 2.9. Es decir, hay menos personas con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, pero entre éstas hay un menor ejercicio de los derechos sociales.

Así, el porcentaje de la población en pobreza extrema subió en los últimos cuatro años: de 7% en 2018 a 7.1% en 2022. El número de personas esta condición pasó de 8.7 a 9.1 millones: 400 mil más.

Llama la atención el retroceso en el acceso a los servicios de salud: el porcentaje de la población con esa carencia pasó de 16.2% a 39.1% en cuatro años. En 2018, 20.1 millones de mexicanos tenían ese problema; ahora son más de 50.4 millones. Son los saldos trágicos de los fallidos experimentos en sector público de salud: de la desaparición del Seguro Popular a la quiebra del Insabi.

Hay que tener en cuenta que el factor que más contribuyó a la reducción de la pobreza fue el incremento de los ingresos de las familias. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, en la que se basa la medición del Coneval, entre 2018 y 2022 el ingreso corriente aumentó en 4.6% y entre 2020 y 2022, 11 por ciento.

Entre los incrementos más relevantes están los de los ingresos producto del trabajo, programas sociales y pensiones y jubilaciones. El alza del salario mínimo desde 2018 ha tenido efectos favorables para muchas familias, a pesar de la inflación. Probablemente ha sido el factor más potente en la reducción de pobreza, junto con el apoyo de programas sociales, que se duplicó entre 2018 y 2022.

La cuestión es que se trata de una medida no repetible indefinidamente y cuyo beneficio puede ser menoscabado por los precios y la reducción de posibilidades de escalar salarialmente. Sobre todo, el 60% de la población está ocupada en el sector informal: una gran proporción de los trabajadores no se ha visto beneficiado. Eso explica, en cierta medida, la disminución de la pobreza general y el incremento en la extrema.

Más aún, dada la alta informalidad y el bajo crecimiento económico, el ingreso promedio de los hogares mexicanos prácticamente no se modificó entre 2016 y 2022: se mantuvo alrededor de 63 mil pesos trimestrales en pesos constantes de 2022.

En cuanto al incremento del monto de los programas sociales entre 2018 y 2020, se ha visto que la repartición de estos recursos ha beneficiado menos a los grupos de ingreso más pobres. Gonzalo Hernández Licona, ex Director de Coneval, ha destacado que en 2016, 68% de los hogares más pobres recibía apoyo de programas sociales; en 2022, sólo 49 por ciento. En cambio, en los hogares más ricos la cobertura subió de 6 a 20 por ciento.

Queda una pregunta fundamental: ¿es sostenible el volumen de transferencias mientras se desmantela al Estado y se multiplican los compromisos pensionarios no financiables? ¿Es sensato combatir la pobreza con ayudas de corto plazo mientras se sacrifican presupuestos y cobertura de salud, educación y otros aspectos fundamentales de la evaluación multidimensional del Coneval?

La clave es si avances con estas características son sostenibles. La efectividad del combate a la pobreza difícilmente puede verificarse en plazos cortos, puesto que no permiten verificar un cambio efectivo en las causas originarias y estructurales que la reproducen.

Hay que pensar en una salida real: que sea perdurable, trascendiendo el estado de fragilidad que determina a la pobreza, la vulnerabilidad ante los vaivenes de la economía y la dependencia de ayudas, sean éstas gubernamentales o por las remesas enviadas por migrantes.

Esa salida es la movilidad social: básicamente, que las familias pobres puedan ser de clase media. No sólo acceder a las condiciones de vida que caracterizan a ésta, sino las posibilidades de mantenerlas y prosperar, sin depender de asistencia o de circunstancias fortuitas.