AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El que se utilice para el próximo año deuda pública para financiar gasto corriente en 2024 y no proyectos productivos, no es privativo de este sexenio, también se hizo en el anterior, pero en estos momentos se corre el riesgo de que se siga dicho camino durante la siguiente administración, si los proyectos insignia no dan los resultados esperados.

Así lo advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), al indicar que para el año próximo se propone un endeudamiento de más del doble de lo presupuestado para inversión física, esto es, de alrededor de 1.9 billones de pesos, por lo que se acusa desde ahora que una gran parte del endeudamiento es para financiar el elevado gasto corriente.

“La tendencia a la insostenibilidad de las finanzas públicas vista desde esta óptica es un riesgo que podría materializarse durante la siguiente administración. El riesgo se agrava debido a muchas necesidades apremiantes, entre ellas, los grandes requerimientos de gasto corriente y de inversión en Salud, Educación y Seguridad Pública; las presiones inerciales del gasto en pensiones y jubilaciones y el costo de la deuda pública; y la inversión requerida en infraestructura y logística, si se pretende aprovechar plenamente la oportunidad de la relocalización”, señaló.

Aseveró que más aún, el riesgo de la insostenibilidad de las finanzas públicas a futuro “se agrava significativamente en la medida de que los proyectos de inversión favoritos de este gobierno carezcan de rentabilidad económica. No hay estudios previos de rentabilidad social para ellos -como lo manda la ley de presupuesto- y hay múltiples indicios de que no la alcancen”, con lo que se estaría faltando a la regla de oro de la deuda o de las finanzas públicas.

“Quizá la práctica reconocida como la más adecuada en cuanto al endeudamiento público es que se utilice para financiar proyectos de inversión que sean rentables, mientras que el gasto corriente se financie con sus ingresos recurrentes. La lógica es que la inversión pública sea rentable económicamente, ya sea porque los ingresos del proyecto en sí mismo sean mayores a sus costos, ambos en valor presente, y con ello se pueda pagar los intereses y el capital de su deuda. O bien, porque la operación de los proyectos impulse la actividad económica, generando entonces mayor recaudación fiscal que sea suficiente para esos pagos”, señaló el organismo del sector privado en su análisis semanal.

En ese sentido, señaló que la disciplina de la llamada regla de oro se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo; “si se incumple recurrentemente quiere decir que la deuda se utiliza para sufragar gasto corriente y tarde o temprano crece más que el PIB y se hace insostenible”.

Recordó que también se acostumbra considerar los efectos indirectos o externalidades que puedan ser negativas o positivas. Las primeras reducen el beneficio neto para la sociedad (como puede ser el daño ambiental) y las segundas lo elevan (como puede ser una mejora en la conectividad). Es decir, el análisis de la rentabilidad o beneficio-costo social, como el que manda la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aseveró.

El CEESP recordó que el sector público no siempre ha cumplido con la disciplina de la citada regla de oro, a veces porque el monto del endeudamiento público ha excedido a la inversión física del sector público, y otras ocasiones porque los proyectos no generan rentabilidad en alguno de los sentidos señalados antes.

“Considerando solamente la diferencia entre los flujos anuales acumulados de endeudamiento público y los de inversión física del sector público, se aprecia que en los periodos 2001-2006 y 2007-2012 el endeudamiento fue menor o similar a la inversión. Es decir, en general se utilizó para financiar la inversión física y no para pagar gasto corriente. En este sentido, fue una política de finanzas públicas sostenible.

“En contraste, el endeudamiento superó ampliamente a la inversión pública entre 2013 y 2018. En otras palabras, la deuda se usó parcialmente para sufragar gasto corriente. Así la política fiscal fue conducente a la insostenibilidad de las finanzas públicas. Lo mismo pasa en la actual administración, de acuerdo con las cifras observadas hasta 2022 y las estimadas para el cierre de 2023 y el programa para 2024”, apuntó.