Salen diputados del PRI a la defensa del poder Judicial, ante los embates del Ejecutivo por la reforma eléctrica

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados salió a la defensa del poder Judicial y advirtió que rechaza los intentos de intromisión del poder Ejecutivo en las decisiones de los jueces.

Los legisladores del tricolor subrayaron que en ningún gobierno democrático es aceptable violar la autonomía de jueces y magistrados, romper la división de poderes y poner en entre dicho el estado de derecho, porque nada ni nadie por encima de la Constitución.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador  pidiera investigar la actuación de un juez que suspendió la Ley de la Industria Eléctrica y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, rechazara esa determinación, consideraron que las declaraciones de ambos sobrepasan los límites constitucionales y legales de su encargo.

“Lamentamos su intención de amedrentar a un órgano jurisdiccional ante el cumplimiento de sus obligaciones, al otorgar la suspensión provisional contra la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y las consecuencias derivadas del Decreto. Con este intento de injerencia, lo que está en juego es la prevalencia de nuestra democracia y de la República. Sólo los gobiernos autoritarios pueden considerar un obstáculo el cumplimiento de la Constitución”, sentenciaron.

Asimismo, los priistas recordaron que no es la primera vez que el poder Judicial le corrige la plana a las decisiones mal tomadas por la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión y precisaron que hubo voces de especialistas jurídicos que advertían en el parlamento abierto sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa preferente, además de que la segunda sala de la Suprema Corte donde determinó la inconstitucionalidad de los acuerdos administrativos promovidos por la Secretaría de Energía en la materia.

Incorporando estos argumentos, así como la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica, el PRI presentó un voto particular alertando al pleno que la iniciativa preferente incluía artículos inconstitucionales.

“Ante las voces de alerta, la mayoría en la Cámara de Diputados respondió con oídos sordos y datos imprecisos que se tradujeron en un pobre trabajo parlamentario”, dijo el PRI.

En este Marco, la suspensión provisional dictada por el juez especializado en materia de competencia económica, se lleva a cabo ejerciendo con autonomía su altísima encomienda constitucional y no hay espacio para la intimidación o el descrédito desde otro poder.

Los diputados subrayaron que las y los jueces y magistrados, deben tener la garantía de que podrán ejercer sus funciones con independencia y autonomía y si bien sus fallos pueden ser recurridos, ello deberá ser bajo el principio de la independencia del poder Judicial y con los procedimientos considerados por la ley, por lo que se debe evitar cualquier interferencia de otro poder del Estado en su labor jurisdiccional.