Al afirmar que la revocación del estatus de donataria autorizada a diversas organizaciones civiles obedeció a evaluaciones técnicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier instrucción directa, en respuesta a cuestionamientos sobre presunta presión contra organismos críticos del gobierno.

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Durante su conferencia, la mandataria explicó que las decisiones sobre el régimen fiscal de asociaciones civiles corresponden exclusivamente a criterios administrativos, particularmente en casos donde se detecta la recepción de recursos del extranjero, lo cual contraviene las disposiciones para mantener beneficios fiscales en donaciones.

El caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue mencionado como antecedente de este tipo de medidas, al señalar que desde el sexenio anterior se le retiró la posibilidad de operar como donataria autorizada bajo el argumento de financiamiento internacional, conforme a la normativa vigente.

Sheinbaum indicó que no tuvo conocimiento previo del número de organizaciones afectadas, que estimó en alrededor de 300, y subrayó que el SAT no consulta estas decisiones con la Presidencia, al tratarse de procedimientos técnicos vinculados al cumplimiento de la ley fiscal.

La mandataria comparó estos procesos con los procedimientos judiciales, al señalar que, así como no puede ordenar la detención de una persona sin mandato legal, tampoco interviene en resoluciones administrativas que corresponden a instancias especializadas.

Sostuvo que el gobierno mantiene una política general orientada a eliminar privilegios fiscales indebidos y garantizar que todas las organizaciones operen bajo el marco legal, sin excepciones derivadas de vínculos políticos o económicos.

Asimismo, reiteró que, en caso de existir irregularidades por parte de servidores públicos en la aplicación de estas medidas, corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar y, en su caso, sancionar cualquier conducta fuera de la ley.

El posicionamiento se dio en medio de críticas de organizaciones civiles y analistas, quienes han señalado que la cancelación del estatus de donataria limita el financiamiento de asociaciones dedicadas a la vigilancia del poder público.