AIDA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
Con nueve votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó invalidar las reformas en materia electoral, la primera parte del llamado Plan B, hechas a la Ley de Comunicación Social y a la de Responsabilidades Administrativas.
Ello, se adujo, por violaciones al proceso legislativo, ya que las reformas que se aprobaron en diciembre de 2022, observaron con diversas “irregularidades y violaciones a los Reglamentos de cada Cámara”, transgrediéndose los artículos 71 y 72 de la Constitución, entre ellos, porque la minoría no tuvo el tiempo necesario para analizar cada uno de los dictámenes.
Se dijo en la sesión, que duró alrededor de tres horas y media, que esta iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo cambios que no se pudieron analizar.
Asimismo, el ministro Pérez Dayán en su proyecto señaló las violaciones al procedimiento legislativo que se dio en el Congreso de la Unión, la reforma se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo, debido a que el proyecto avalado no fue el mismo que se anunció en una sesión previa en la Cámara de Diputados; además, la iniciativa fue considerada de “urgente resolución”, los cual calificó como una “tramitación injustificada”.
El proyecto de sentencia, que elaboró el ministro Alberto Pérez Dayán, solo recibió dos votos en contra, los de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, en tanto que los nueve ministros restantes coincidieron en que la Cámara de Diputados avaló esta reforma cometiendo graves infracciones al procedimiento legislativo.
Mientras que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández, así como el autor de la iniciativa, votaron a favor del cese de la normativa avalada en diciembre pasado.
Las leyes General de Comunicación Social, y de Responsabilidades Administrativas, que fueron reformadas a finales de 2022, permitían que los funcionarios y los gobiernos federal, estatal y municipal, podían difundir publicidad sobre sus logros y programas, aun en periodos electorales.
En el inicio de la sesión, antes de que se iniciara el análisis del proyecto, se dio a conocer que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República señaló que, “por falta de imparcialidad”, solicitaba al Pleno de la SCJN que el ministro Alberto Pérez Dayán fuera impedido de participar en la discusión de las impugnaciones a la primera parte del “Plan B”.
Rafael Coello, secretario general de Acuerdos, dio a conocer que el pasado jueves, a las 21:35 horas, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, interpuso un recurso de recusación por impedimento en contra de Pérez Dayán.
Al respecto, el ministro que elaboró el proyecto sentencia, consideró que esta solicitud era notoriamente improcedente, toda vez que no se encontraba en ningún supuesto legal que le forzara a impedirse de la discusión de este asunto.
Por unanimidad, los 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidieron con su compañero Pérez Dayán, rechazando la solicitud.
