Hasta el cierre de la edición, con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general el Plan B de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que el artículo 35 —relativo a la revocación de mandato— quedó reservado para su discusión en lo particular.

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El punto más relevante de la jornada se definió desde el inicio de la discusión, cuando el Partido del Trabajo (PT) decidió no acompañar la modificación a la revocación de mandato, marcando una diferencia dentro de la coalición oficialista conformada por Morena, PT y Partido Verde.

El coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya Gutiérrez, reiteró el respaldo de su partido a Claudia Sheinbaum y a la cuarta transformación, pero dejó claro que no apoyarían el cambio al artículo 35 constitucional. Señaló que su bancada acompañó el dictamen en lo general, pero se separó de ese punto clave.

Anaya Gutiérrez rechazó que exista una ruptura dentro de la coalición y sostuvo que la alianza entre Morena, PT y Partido Verde se mantiene firme, pese a las diferencias.

En paralelo, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que la reforma no quedará “descafeinada” y afirmó que la coalición se mantiene. Explicó que la reserva busca retirar el artículo 35 de la minuta para mantenerlo en sus términos actuales.

La iniciativa del Ejecutivo federal propone modificar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, con cambios en la revocación de mandato, gasto de congresos locales, integración de ayuntamientos y sueldos de autoridades electorales.

Antes de la discusión, se realizaron ajustes en el pleno por solicitudes de licencia. Yeidckol Polevnsky se separó temporalmente y fue sustituida por Dennisse Ortiz; también Miguel Ángel Yunes Márquez dejó su escaño momentáneamente, permitiendo la entrada de Miguel Ángel Yunes Linares. En contraste, Alfonso Cepeda Salas retiró su solicitud y permaneció en funciones.

En la segunda sesión, el pleno desechó la moción suspensiva del PAN con 39 votos a favor y 77 en contra, lo que permitió continuar con el análisis del proyecto.

Desde el arranque del debate, la revocación de mandato concentró las posturas más confrontadas. El dictamen plantea que pueda solicitarse tras el tercer año de gobierno, elimina restricciones para coincidir con elecciones y permite que la persona en el cargo promueva el proceso a su favor.

Movimiento Ciudadano, PAN y PRI acusaron que la propuesta desnaturaliza el mecanismo ciudadano y lo convierte en una herramienta favorable al poder.

En el debate también surgió el tema del Instituto Nacional Electoral (INE). El senador del PAN, José Máximo García López, advirtió que la reforma debilita al INE y le impone más cargas operativas.

A esto se sumó la senadora del PRI, Carolina Viggiano, quien presentó un documento atribuido al INE que advierte sobre limitaciones operativas y riesgos en procesos concurrentes.

El debate subió de tono cuando la senadora del PAN, Lilly Téllez, acusó al morenista Saúl Monreal Ávila de ser narcotraficante. El legislador respondió y retó a que se comprobaran las acusaciones, generando un fuerte enfrentamiento.

La confrontación obligó a intervenir a la presidencia del Senado, que llamó al orden y suspendió momentáneamente la sesión, impidiendo que Monreal presentara su posicionamiento en ese momento.

Senadores del PAN y PRI insistieron en que la reforma no combate problemas como la intervención del crimen organizado en elecciones, mientras que Morena y el Partido Verde defendieron que busca reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana.

La discusión en lo particular del artículo 35 se mantiene como el punto central del debate en el Senado.