La reforma para eliminar las llamadas ‘pensiones doradas’ de exfuncionarios de entidades públicas quedó formalmente aprobada, luego de que el Senado de la República emitió la declaratoria de validez constitucional tras recibir el respaldo de 20 congresos estatales. Con ello, la modificación al artículo 127 de la Constitución será enviada al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor.
LEE ADEMÁS: Senado ratifica a Roberto Velasco como canciller
La modificación establece límites a las jubilaciones y pensiones de altos mandos de organismos públicos y prohíbe que con recursos del erario se financien pensiones privadas, regímenes especiales de retiro, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales y otras prestaciones extraordinarias que no estén previstas en la ley o en las condiciones laborales. Además, ninguna jubilación o pensión pagada con recursos públicos podrá rebasar la mitad de lo que percibe la presidenta de la República.
▶️ La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, realizó la declaratoria constitucional de la reforma en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. pic.twitter.com/TUHdMkkCpv
— Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2026
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que la reforma elimina las pensiones millonarias de exfuncionarios de organismos como Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nacional Financiera, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro. Durante la sesión, sostuvo que algunos de esos beneficios superaban incluso el millón de pesos mensuales, mientras que la pensión promedio de un trabajador en México ronda los siete mil pesos.
“Con esta declaratoria eliminamos la disparidad entre las pensiones de altos exfuncionarios, que superaban en algunos casos hasta el millón de pesos mensuales, en contraste con las pensiones que se reciben por trabajadores en México de alrededor de siete mil pesos mensuales“, señaló la legisladora, quien añadió que “por esa razón, podemos decir que con ella se pone fin a las llamadas pensiones doradas“.
La declaratoria se alcanzó después de que el Senado recibió los votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México, con lo que se alcanzó la mayoría requerida por el artículo 135 constitucional.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado, una de las pocas ocasiones en que todas las fuerzas políticas coincidieron en una reforma constitucional. Laura Itzel Castillo Juárez destacó que el acuerdo fue posible porque la medida se centró en eliminar privilegios y prestaciones extraordinarias para altos exfuncionarios.
“En algunas de las reformas, como la reforma que tiene que ver con las pensiones doradas, para eliminarlas, hubo unanimidad“, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta.
Incluso integrantes de Movimiento Ciudadano señalaron que votaron a favor debido a que la medida respondía a una lógica de austeridad y combate a los privilegios. Legisladores de ese partido sostuvieron que, aunque existían diferencias sobre otros temas de la agenda legislativa, en este caso acompañaron la reforma porque consideraron que tenía sentido común y estaba dirigida a terminar con beneficios excesivos para un reducido grupo de exfuncionarios.




