La reforma para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que prevé multas de entre 29 mil 327.50 y 586 mil 550 pesos para los empleadores que incumplan con el registro electrónico de la jornada, así como la iniciativa que obliga a certificar el cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y ambientales para exportar productos agropecuarios, fueron aprobadas por el Senado de la República con 84 votos a favor, 27 en contra y cero abstenciones, por lo que fueron remitidas al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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Ambas propuestas fueron enviadas originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión, a través de la Secretaría de Gobernación, y tras ser aprobadas por la Cámara de Diputados fueron remitidas al Senado para su discusión y votación final.

La reforma a la jornada laboral establece una reducción gradual de la semana de trabajo. Durante 2026 se mantendrá en 48 horas; en 2027 disminuirá a 46; en 2028 bajará a 44; en 2029 quedará en 42 y finalmente, a partir de 2030, será de 40 horas semanales. El régimen transitorio precisa que la reducción no podrá implicar disminución de sueldos, salarios ni prestaciones.

Asimismo, obliga a las personas empleadoras a llevar un registro electrónico de la jornada de cada trabajador, con la hora de inicio y conclusión de labores, y a conservar esa información para ponerla a disposición de la autoridad cuando sea requerida. La reforma prevé sanciones para quienes incumplan con este registro. Las multas irán de 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 29 mil 327.50 y 586 mil 550 pesos.

En el caso de la iniciativa sobre agroexportación, se faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir un Certificado Laboral para la Agroexportación, mediante el cual las empresas deberán acreditar que cumplen con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto de las personas trabajadoras del campo.

La propuesta también incorpora nuevas medidas de regulación y restricción no arancelaria en la Ley de Comercio Exterior para impedir la exportación de productos y subproductos agrícolas cuando no se compruebe el cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y de protección ambiental, o cuando existan afectaciones a los ecosistemas forestales derivadas de procesos de deforestación.

Aunque Ignacio Mier Velazco se refirió particularmente a los productores de aguacate, la reforma abarca a todos los productos y subproductos agrícolas destinados a exportación. En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal argumentó que la agroindustria es uno de los principales sectores exportadores del país y que productos como el aguacate y los frutos rojos tienen un peso central en el comercio exterior. Señaló además que el sector del aguacate genera más de 300 mil empleos directos e indirectos y representa exportaciones por más de 3 mil 500 millones de dólares anuales, principalmente hacia Estados Unidos.

Durante la discusión, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde respaldaron ambas reformas, mientras que PAN y PRI expresaron reservas principalmente sobre la reducción de la jornada laboral y las obligaciones para los empleadores. El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que las dos propuestas forman parte de las prioridades legislativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que la reducción gradual de la jornada permitirá mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras sin afectar salarios ni prestaciones y afirmó que la certificación agroexportadora dará certeza a los mercados internacionales sobre el cumplimiento de la ley en México.

Por Morena, los senadores defendieron que la reducción paulatina permitirá a las empresas adaptarse gradualmente y evitar impactos económicos. También sostuvieron que el registro electrónico de la jornada es necesario para impedir abusos y garantizar que se respeten los tiempos de descanso. El Partido del Trabajo calificó la reforma laboral como un avance histórico en los derechos de las personas trabajadoras. Sus legisladores señalaron que las sanciones por incumplir con el registro electrónico son necesarias para evitar simulaciones y para que la autoridad pueda verificar efectivamente el tiempo laborado.

El Partido Verde Ecologista de México centró su respaldo en la iniciativa sobre agroexportación. Sus senadores argumentaron que el Certificado Laboral para la Agroexportación y las restricciones a la exportación de productos ligados a la deforestación ayudarán a frenar el deterioro de los ecosistemas forestales y a garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras del campo. Movimiento Ciudadano votó a favor de ambas iniciativas, aunque pidió reglas claras para la implementación. Sus legisladores advirtieron que el nuevo esquema no debe convertirse en una carga excesiva para pequeñas y medianas empresas ni para pequeños productores agrícolas.

Las críticas más fuertes provinieron del PAN y del PRI. Por el PAN, senadores como Raymundo Bolaños Azocar, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Mario Humberto Vázquez Robles, Gina Gerardina Campuzano González y José Máximo García López acusaron que el gobierno pretende “invertir sin dinero” al permitir iniciar procedimientos y comprometer proyectos sin contar con suficiencia presupuestaria.

Los panistas señalaron que el nuevo modelo abre la puerta a comprometer recursos por décadas y compararon el esquema con obras impulsadas por los gobiernos de Morena, como el Tren Maya, la refinería Olmeca en Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Afirmaron que esos proyectos se realizaron con sobrecostos, subsidios y retrasos, y advirtieron que la nueva legislación podría repetir ese modelo.

Raymundo Bolaños Azocar sostuvo que la minuta permite iniciar procedimientos de contratación sin tener garantizados los recursos y dijo que ello equivale a endeudar al país y trasladar los costos a las siguientes generaciones. Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez afirmó que Morena pretende “normar la corrupción, el tráfico de influencias y el compadrazgo” al abrir espacios para contratar sin suficiencia presupuestaria. El panista Mario Vázquez Robles señaló que la reforma permitiría blindar proyectos aun cuando el país enfrente problemas económicos, mientras que Gina Gerardina Campuzano acusó que el gobierno busca comprometer recursos hasta por 40 años y crear estructuras semejantes a fideicomisos, pese a que Morena los había cuestionado en el pasado.

El PRI también votó en contra. La senadora Claudia Edith Anaya Mota sostuvo que la reforma permitirá usar recursos de las Afores para financiar proyectos de inversión y acusó que se pretende ocultar deuda mediante el registro de pasivos contingentes. Afirmó además que el gobierno busca crecer el gasto sin contar con recursos suficientes. Por su parte, el senador Rolando Zapata Bello señaló que la iniciativa redefine el gasto público y debilita la disciplina fiscal, porque permite iniciar contrataciones sin suficiencia presupuestaria y concentrar las decisiones en el Ejecutivo federal.

Con la aprobación del Senado, las dos reformas concluyeron su trámite legislativo en el Congreso de la Unión y fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su promulgación y entrada en vigor una vez que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.