La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Julio Scherer Ibarra o personas cercanas influyan en contratos del gobierno, ante señalamientos de gestorías irregulares vinculadas a un despacho.
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La mandataria dejó claro que ningún servidor público puede recibir intermediarios ni recomendaciones, y que todos los contratos deben otorgarse mediante procesos transparentes como licitaciones o adjudicaciones legales.
El posicionamiento surgió tras un caso en el que una firma habría ofrecido gestión para facilitar contratos con supuestos vínculos políticos.
Sheinbaum instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a revisar contratos, montos y procedimientos, y determinar si hubo irregularidades que ameriten sanciones.
La información indica que el contrato señalado se otorgó mediante un proceso competitivo, con una oferta 30% más barata, lo que apuntaría a que no hubo intervención externa.
Sin embargo, el caso incluye el señalamiento de la extracción de 90 millones de pesos de una empresa proveedora, lo que abrió dudas sobre la actuación judicial.
La presidenta reiteró la política de cero tolerancia a la corrupción, asegurando que cualquier irregularidad será investigada y sancionada, incluso con la remoción de funcionarios.
También afirmó que no mantiene contacto con Scherer y que nadie tiene autorización para intervenir en decisiones de contratación, incluyendo familiares o excolaboradores.
El mensaje se extendió al sector empresarial, al advertir que no recurran a gestores que prometen influencias, ya que los contratos se otorgan por criterios técnicos y legales, no relaciones personales.
El caso también involucra un conflicto reputacional por acusaciones públicas contra funcionarios, lo que ha derivado en acciones legales por presuntas calumnias.
Sheinbaum señaló que el gobierno utiliza la conferencia matutina como espacio para aclarar información y responder públicamente.
Defendió este mecanismo como una vía de comunicación directa con la ciudadanía para contrarrestar versiones en medios y redes.
El episodio ocurre en un contexto donde el gobierno busca reforzar controles en la contratación pública y limitar la intermediación privada.
La consecuencia inmediata es la revisión de contratos y prácticas de gestoría, mientras que el objetivo de fondo es cerrar espacios a la influencia informal en el uso de recursos públicos.
