El gobierno federal sostuvo que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permanece abierto en distintos niveles, en medio de un paro de 72 horas y advertencias de movilizaciones que podrían escalar hacia 2026.

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Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las mesas de trabajo se mantienen activas en los estados y a nivel federal, encabezadas por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, con participación directa de sus titulares.

La mandataria subrayó que este esquema contrasta con etapas previas, al afirmar que “en el pasado ni siquiera eso tenían en el periodo neoliberal”, y sostuvo que la interlocución institucional no se ha interrumpido en ningún momento.

El posicionamiento presidencial incluyó un señalamiento sobre las limitaciones del gasto público, al indicar que existen demandas que no pueden cubrirse por restricciones presupuestales, dado que los recursos contemplan programas sociales y el pago de salarios docentes.

Sheinbaum recordó que en 2025 se otorgó un incremento salarial de 10 por ciento al magisterio, además de la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y la asignación de plazas, como parte de la política educativa.

Cuestionó la utilidad de las movilizaciones que implican bloqueos viales, al señalar que existen canales institucionales activos para la negociación, y reiteró que el derecho a la manifestación debe ejercerse de forma pacífica.

La titular del Ejecutivo también refirió encuentros recientes con dirigencias magisteriales en entidades como Chiapas, donde se acordaron apoyos adicionales en coordinación con gobiernos estatales, tras la entrega de pliegos petitorios.

Sobre la advertencia de posibles acciones durante el Mundial 2026, Sheinbaum evitó calificar la postura de la CNTE como “chantaje”, aunque insistió en que el diálogo continúa y que las condiciones actuales no justifican cierres de calles.

Reiteró que las negociaciones seguirán abiertas, con la participación de autoridades educativas y políticas, en un escenario donde las demandas del magisterio se enfrentan a restricciones fiscales y a la definición de prioridades del gasto público.