AIDA RAMÍREZ
Foto: Cortesía INAI
Tras el terremoto y consiguiente desastre que se vivió en Turquía y Siria la madrugada del pasado lunes 6 de febrero, hay la necesidad de una mayor transparencia para una adecuada gestión de desastres en México, afirmó la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Recordó que, en los sismos de 2017, 468 personas perecieron y los daños se estimaron en más de 81 mil millones de pesos; se afectaron 182 mil viviendas y 14 millones 321 mil 994 personas resultaron damnificadas.
De acuerdo con reportes de la Auditoria Superior de la Federación, el Poder Ejecutivo Federal erogó en la atención del desastre citado, más de 19 mil 804 millones de pesos, de los cuales 18 mil 380 millones provinieron del Fonden.
Como organismo garante, debemos seguir impulsando la difusión de toda la información necesaria y útil para la población, para conocer los recursos destinados para atender dicha tragedia: @bl_ibarra
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— INAI (@INAImexico) February 12, 2023
“Hay que recordar que una de las lecciones aprendidas tras los terremotos de septiembre de 2017, fue la necesidad de mayor transparencia para una adecuada gestión de desastres.
Se trató de un reconocimiento particularmente ciudadano, pues fue a través de diversas iniciativas, reportajes, notas y estudios, que se impulsó la necesidad de adoptar los valores de la transparencia y la rendición de cuentas para que la sociedad tenga mayor información de la gestión de los recursos destinados para la atención de desastres (…) Como organismo garante, debemos seguir impulsando la difusión de toda la información necesaria y útil para la población, para conocer los recursos destinados para atender dicha tragedia”, enfatizó.
Al exponer el caso ante el Pleno, cuyos integrantes se solidarizaron con los pueblos de Siria y Turquía, Ibarra Cadena señaló que un particular solicitó conocer a través de qué programas presupuestarios, unidades o áreas y/o proyectos, la SICT ejerció los recursos económicos para atender los daños ocasionados a la infraestructura estatal y federal, por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, con cargo al Fonden.
La persona solicitante adjuntó a su pregunta una respuesta a otra solicitud de información, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que autorizó a la SICT poco más de tres mil millones de pesos para atender los daños por los movimientos telúricos referidos.
En su respuesta, el sujeto obligado le entregó a la persona solicitante una relación con los montos liberados por entidad federativa indicando que el ejercicio de recursos económicos autorizados con cargo al Fonden lo realizaban directamente las instancias ejecutoras ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), por lo que la información resultaba inexistente, lo que originó que la persona solicitante presentara un recurso de revisión ante el INAI.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la comisionada Ibarra Cadena, se determinó que el sujeto obligado entregó información incompleta, ya que utilizó un criterio restrictivo para la localización de la información, pues ésta se ciñó sólo a “los programas presupuestarios” por medio de los cuales se ejercieron los recursos con cargo al Fonden, pero no informó la forma en que se ejecutaron, ya fuera a través de proyectos o de contratos de obra pública y/o de prestación de bienes o servicios, además de que omitió enviar la solicitud a los Centros SICT de las entidades federativas a las que se les autorizaron recursos con cargo al Fonden.
De ahí que, por unanimidad, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la SICT y le instruyó que, usando un criterio amplio, busque de nuevo la información sobre la manera en que se ejercieron los recursos para atender los daños causados por los sismos de 2017 a la infraestructura estatal y federal, incluyendo el detalle de los contratos suscritos al respecto.
